Primeras repercusiones para los objetores de la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía. en Granada, la Federación Católica de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fecapa) ha denunciado un caso de presunta discriminación que ha sufrido un alumno de 3º de la ESO en un centro escolar en el municipio de Alhendín.
La decisión de los padres de no cursar la materia se ha traducido en "varias faltas de asistencia". El centro advierte que de no asistir a clase perderá la evaluación continua, entre otros derechos.
Alertan que el centro impide al menor utilizar el "derecho de objeción de conciencia".
Desde la Federación alertan que el instituto ha impedido al menor utilizar el "derecho constitucional de objeción de conciencia", con el cual pretenden "defender la educación moral que reciben nuestros hijos", mientras que el Instituto considera que no acudir a clase es una "falta muy grave contra la convivencia".
La dirección del instituto de Alhendín (Granada) ha negado que vaya a ser expulsado el alumno que acumula tres partes por inasistencia a las clases de Educación para la Ciudadanía, de la que es objetor, aunque sí podría perder el derecho a la evaluación continua.
La pérdida de la evaluación continua implica que los profesores no harán el seguimiento diario del comportamiento y la evolución educativa del estudiante, cuyas notas dependerían únicamente del resultado de sus exámenes.
El Instituto considera que no acudir a clase es una "falta grave contra la convivencia".
Con respecto a la calificación de las faltas, el director del instituto ha aclarado que cuando un alumno se niega a asistir a una clase obligatoria se genera una "falta de convivencia", ya que ésta "no sólo significa llevarse bien con los compañeros, sino que cada uno cumpla con sus derechos y deberes".
Por otra parte, Forte ha afirmado que no se ha dado ningún otro caso de alumno objetor de conciencia en su instituto, y que el problema radica en la confrontación entre "el derecho de los padres y el deber de los centros escolares".
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