El Parlament estudia convocar el jueves 16 de marzo el pleno de aprobación de los Presupuestos y su ley de acompañamiento. Este pleno se haría una vez haya salido el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que Cs, PSC y PP solicitaron al considerar que algunas de sus partidas pueden contravenir la Constitución y el Estatut, especialmente las que se refieren a la celebración de un referéndum.

Así lo han explicado fuentes parlamentarias, con lo que se prevé que la aprobación definitiva de las cuentas salga adelante en este pleno con los votos de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP que, tras meses de negociaciones, acordaron ciertas modificaciones en su contenido.

Fue necesaria la celebración de un consejo político de los anticapitalistas a finales de enero para tener el 'sí' definitivo a las cuentas, aunque insisten en que no son suficientemente redistributivas en diversos ámbitos, por lo que mantendrán vivas algunas enmiendas que no lograron acordar con JxSí, como su propuesta de subir el IRPF y otras medidas fiscales.

El resto de grupos de la oposición también se han reservado sus enmiendas rechazadas para cuando llegue el debate del pleno del Parlament, que se celebrará un mes más tarde de que Cs, PP y PSC llevaran el 10 de febrero las cuentas al Consell de Garanties, que tiene 30 días para emitir un dictamen.

En su petición de dictamen, Cs argumentó que el Govern ha elaborado unas cuentas "pensadas para la independencia, con partidas para organizar un nuevo 9N y para crear estructuras de estado que pagan todos los catalanes".

Desde el PSC, advirtieron de que la disposición adicional que reserva una partida para el referéndum podría no acogerse a la ley, mientras que el PP consideraron que el Govern no tiene competencias para llevar a cabo la organización de un referéndum "ni de acuerdo con la legalidad actualmente vigente ni en el marco de la legislación vigente en el momento que se convoque".

Los Presupuestos y la ley de acompañamiento incorporan novedades respecto a los proyectos presentados inicialmente por el Govern, como el nuevo impuesto a las emisiones de CO2 de los vehículos, que prevé recaudar 77 millones de euros anuales cuando esté plenamente implantado.

También se incluye un fondo de cohesión social y garantía de rentas dotado con 45 millones de euros, que se aplicaría una vez se apruebe la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).

Este fondo se sumaría a los recursos ya previstos en el proyecto de Presupuestos: 208 millones para la Renta Mínima de Inserción (RMI) -35 más que en las últimas cuentas, de 2015- y 35 adicionales para políticas de inserción laboral asociadas al programa de la RMI.

Asimismo, se incorporan 140 millones de incremento del presupuesto de Educación para dar cumplimiento al acuerdo para contratar docentes -hasta 5.500 nuevas plazas, con 797 sustitutos- y reducir una hora lectiva a maestros y profesores.

Otros fondos nuevos son los destinados a lucha contra la corrupción, ayuda a la cooperación, igualdad de género, patrimonio natural, y reactivación económica y economía cooperativa.