Según informan las familias españolas de las jóvenes en una nota, éstas han remitido este martes una carta destinada a la citada diputada de la coalición de izquierdas que, asimismo, es vicepresidenta del Intergrupo sobre el Sahara Occidental del Parlamento Europeo, donde han manifestado su malestar por la defensa que hace Lopez de los derechos humanos en el Sahara Occidental "ya que tienen un claro objetivo político a favor de las reivindicaciones el Frente Polisario, al excluir conscientemente las violaciones cometidas en los territorios donde este movimiento de liberación nacional es la autoridad competente".

En este sentido, las familias se muestran "especialmente sorprendidas" por el "desinterés" mostrado por Paloma López por el caso de Maloma ya que "como eurodiputada electa representante de España debería defender su libertad y sus derechos sin ningún tipo de paliativo, máxime conociendo los pormenores de su situación y los de las otras ciudadanas residentes en España Darya Embarek Selma (Tenerife), Nadjiba Mohamed Belkacem (Huelva) y Koria Badbad Hafed (Alicante), esta última, además, tutelada por la Consellería de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana".

De esta manera, los padres adoptivos de Maloma y los de acogida de Darya, Nadjiba y Koria han expresado que les consta que la eurodiputada "es conocedora de esta situación de primera mano" y, por ello, han optado por solicitarle formalmente "una audiencia para exponer en el Parlamento Europeo los detalles y las circunstancias de esta violación de derechos humanos, en la que el Frente Polisario y Argelia incumplen sus respectivas obligaciones gubernamentales con los derechos humanos del pueblo saharaui", y específicamente, "con los de 50 mujeres mayores de edad que son víctimas de una privación arbitraria de su libertad y a quienes no se les protege, defiende ni garantiza el libre ejercicio de sus derechos".

Por ello, han denunciado en la carta que ven que en las "constantes" intervenciones públicas de Paloma López en defensa de los derechos humanos del pueblo saharaui, en las que reivindica la adopción medidas contra Marruecos por parte del Parlamento Europeo, "no hace mención alguna a las violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Frente Polisario en el territorio bajo su control, como sucede en los casos de estas mujeres mayores de edad, quienes tienen conculcados derechos referidos al reconocimiento de la identidad jurídica, la libertad de movimiento y la capacidad de pensamiento, opinión, expresión y comunicación".

RETENIDAS POR SU FAMILIA BIOLÓGICA

Asimismo, le han recordado las situaciones de Maloma, de 23 años, que dicen que está secuestrada" hace 14 meses por su hermano biológico en el campamento saharaui de Smara; de Koria, de 23 años, raptada hace seis años y dos meses por su padre biológico en el de Auserd, que permanece aislada e incomunicada desde entonces en el territorio del Sahara Occidental controlado por el Frente Polisario; y de Nadjiba y Darya , de 25 y 27 años respectivamente, retenidas contra su voluntad y privadas de su documentación por sus padres biológicos desde hace tres años en los campamentos saharauis de Tinduf.

Además, los familiares han recordado que mientras el caso del secuestro de Maloma se gestiona por la vía diplomática a través del Ministerio de Asuntos Exteriores español, las familias de acogida de Koria, Darya y Nadjiba recientemente han denunciado su retención ilegal ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, respondiendo a la insistente y reiterada argumentación esgrimida por los representantes del Frente Polisario que alude a que "las chicas no han denunciado a sus familias biológicas".

Una situación que supone el "caso omiso una y otra vez las declaraciones y peticiones de las tres jóvenes pidiendo ayuda para recuperar su libertad y poder ejercer su derecho a decidir, sin presiones ni coacciones, dónde, cómo y con quién quieren vivir, pese a que todas han expresado en distintas ocasiones su deseo de regresar a España, una situación de la que actualmente existen otros 46 casos documentados, que no se han hecho públicos por decisión expresa de las víctimas, que temen sufrir represalias", han concluido.