El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas Universitarias Oficiales, que fija una
En general, todas las carreras tendrán una formación de
"La previsión del Gobierno es que algunas carreras sigan este esquema ya el próximo curso y que,
Quienes estén estudiando las enseñanzas vigentes oficiales hasta ahora podrán concluirlas y
Fernández de la Vega ha destacado que, por vez primera, las universidades van a tomar la iniciativa para diseñar y proponer los títulos que quieren impartir. Todos los títulos deberán ser aprobados por el organismo creado a tal efecto y deberán pasar una evaluación cada seis años para renovar la acreditación de su calidad.
También cambian los métodos docentes y de aprendizaje, que se hace más participativo. "No podemos formar estudiantes pasivos, que se limitan a coger apuntes en clase y a examinarse después, sino que necesitamos más tutorías, más seminarios, más trabajo de equipo, más apoyo y guía por parte del profesorado", ha dicho la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera.
Ayudas para pensionistas
El Gobierno también ha aprobado conceder un complemento anual de 350 euros a aquellos ciudadanos que perciban pensiones no contributivas de la Seguridad Social y que residan en una vivienda alquilada.
Esta medida, incluida en los presupuestos para 2007, afecta a los 470.000 ciudadanos que reciben pensiones no contributivas de jubilación o invalidez, de los cuales "el 80% son mujeres mayores", según explicó la vicepresidenta.
La ayuda de 350 euros será abonada íntegramente por el Gobierno y, según añadió Fernández de la Vega, podrá percibirse "posiblemente antes de que finalice el año".
La nueva AECID
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto del Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional , un organismo que, a partir de ahora, se centrará en las actuaciones de desarrollo y que desde ahora se llamará Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La nueva Agencia disfrutará de un régimen jurídico "más flexible y adaptado a sus necesidades", en palabras del ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, y contará con una dirección "más reforzada". Según el ministro, la nueva estructura fortalecerá el área de cooperación con África Subsahariana y la sectorial o multilateral.
También se ha aprobado conceder ayuda humanitaria de emergencia para atender las necesidades de la población afectada por el terremoto del pasado mes de agosto en Perú, 1,5 millones de euros, y las inundaciones del mes de junio en Pakistán, 25.000€. Parte de estas ayudas ya fueron enviadas en el momento de las catástrofes en productos de primera necesidad.
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde al nombramiento de nuevos embajadores en Bélgica, Colombia, Lituania, Guinea y Omán, así como el de la nueva subsecretaria de Asuntos Exteriores y Cooperación, María Jesús Figa, cuyo antecesor en el cargo Luis Calvo ha sido designado embajador en Italia. Además, se abrirá una embajada española en Bangladesh.
Israel y sefardíes
El Consejo de Ministros también ha dado vía libre al acuerdo entre España e Israel de cooperación en materia de la lucha contra la delincuencia organizada, con referencia específica al terrorismo, y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales por el procedimiento de urgencia.
Además, el Consejo de Ministros ha concedido la nacionalidad española a veinte judíos de origen sefardí, diez de ellos de nacionalidad turca y diez venezolana.
Otras medidas
El Gobierno ha puesto en marcha un sistema de acreditación destinado a compañías aéreas de terceros países (no comunitarios) interesadas en operar en territorio español.
El Real Decreto aprobado que establece los requisitos para esta acreditación, cuyo objetivo es equiparar las condiciones de seguridad exigidas a dichas compañías con respecto a las que se exige a las comunitarias.
Además se ha aprobado una reestructuración del Ministerio de Economía y Hacienda, con cambios del organigrama interno como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Defensa de la Competencia, del Reglamento sobre fondos públicos y de la Ley de Contratos del Sector Público.
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