Según reza en escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, su objetivo era destinarlas a unos agrícolas, y en concreto regadío, para plantar frutos rojos en una finca, que cuenta con hectáreas catalogadas, 2,80 en concreto, como suelo de especial protección por ser 'Zona A' del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad), cuyo artículo 45 prohíbe cualquier cambio de uso y actividad constructiva en esos suelos. Estos hechos constituyen un delito de daños en bien de dominio público, en concurso de normas con un delito de construcción ilegal en suelo de especial protección.

Del mismo modo, pide, como responsabilidad civil, que los acusados, conjunta y solidariamente, elaboren y ejecuten un plan de restauración que, aprobado por la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, suponga la regeneración total del terreno ilegalmente transformado para devolverlo a su estado anterior.

En su defecto, lo hará la Administración a su costa, embargándoles bienes y/o dinero suficientes para ello, partiendo de los informes periciales obrantes en la causa sobre los daños y el coste de restauración, que ascienden a 84.864,42 euros.

Cabe recordar que este hombre fue condenado el pasado mes de septiembre, con posterioridad a estos hechos, por extracción ilegal de agua en una finca de Bonares explotada por esta misma empresa, y que su padre, J.M.S., se encuentra en busca y captura desde el pasado mes de octubre.

Todo ello después de que no se le pudiera notificar, al no dar con su paradero, la negación de su petición de indulto, emitida por el Ministerio de Justicia, que éste solicitó en julio de 2015 en relación a la sentencia que lo condenaba por delitos contra la ordenación del territorio y desobediencia grave a la autoridad, obligándole a desmantelar a su costa las balsas de riego y demoler o retirar las edificaciones construidas, devolviendo a su estado original el suelo afectado, en la finca 'El Avispero', en Bonares.

De hecho, en una de las sentencias se obligaba a 'Agromolinillo' a desmantelar una plantación de 60 hectáreas de arándanos de tal forma que la intención del hijo era trasladar la plantación a la finca 'Los Cristos'.

A su vez, el fiscal pide las mismas penas para el responsable de la empresa que realizó los movimientos de tierra, al considerar que, desde mayo de 2013, éste ha realizado, "por cuenta y encargo del primer acusado y sabiendo que era terreno protegido y que no existía autorización, grandes movimientos de tierras con maquinaria pesada en ejecución del plan general de transformar la finca forestal en agrícola iniciado en 2004". También solicita para ambos la inhabilitación especial para el ejercicio de la promoción o construcción de cualquier obra durante tres años.

Desde la Fiscalía considera que "no se han respetado las limitaciones y han alterado gravemente el perfil forestal de parte de la finca y los márgenes del arroyo que la atraviesa realizando taludes de más de ocho metros y plantando además la especie 'Carpobrutus acinaciformes o Edulis' (Uña de León), catalogada como especie exótica invasora.

En la citada finca descrita existía concedida una autorización de cambio de uso de forestal a agrícola -cultivo de frutales-higueras en secano- de la Consejería de Medio Ambiente del año 2004, en concreto se autorizaron 31,85 hectáreas de la parcela 181 del polígono 19, y se prohibía expresamente afectar esas 2,80 hectáreas forestales paralelas en una franja de 50 metros al arroyo 'la Cabaña' que atraviesa y divide la finca.

No obstante, el fiscal incide en que "no ha sido respetado de tal forma que al ejecutar los acusados el camino se ha afectado e invadido la zona de policía y servidumbre de dicho arroyo causando daños tasados en 12.042 euros".

EXPEDIENTE SANCIONADOR EN 2006

En concreto, en el año 2005 se amplió el plazo de ejecución del cambio de uso otorgado en 2004 y se formuló denuncia administrativa por afectación ese año y en esa actuación de la zona excluida del cambio dio lugar a un expediente sancionador en 2006 contra la empresa 'Agromolinillo'.

Seis años más tarde, en 2011, solicitó Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la puesta en riego de la finca, de la que se desistió en 2012, y al año siguiente obtuvo una autorización condicionada para corta, poda y destoconado de eucaliptos en la finca, señalándose que esta, está incluida en la Zona A del Potad.

Cabe destacar que, según se aprecia en los trabajos de elaboración del Plan Especial de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana, toda la finca con excepción de una parcela tenía la consideración de secano y no de suelo agrícola regable.

Por todo ello, el fiscal considera que los acusados han realizado una actividad prohibida por la legislación urbanística y medioambiental vigente, llevando a cabo obras de urbanización en suelo sujeto a especial protección, como parte del dominio público forestal y del dominio público hidráulico, afectando la orografía del terreno e incumpliendo la prohibición de edificar-construir en dicho suelo.