El Ejecutivo ha dado este paso en cumplimiento de la ley de Estabilidad, que marca que las operaciones de endeudamiento y la concesión de avales de las comunidades incumplidoras de los objetivos de estabilidad, deuda pública o regla de gasto precisarán autorización del Estado mientras persista el incumplimiento.

Cantabria ha sido autorizada a otorgar avales, a través del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF), por un importe de 40,25 millones de euros, destinados a garantizar el cumplimiento de obligaciones financieras de entes públicos y privados.En su caso, la autorización sólo podrá amparar avales formalizados a partir de hoy y hasta el 31 de diciembre de 2017.

Mientras, Baleares ha sido autorizada a formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo por un importe máximo de 500 millones de euros con el fin de cubrir las necesidades transitorias de tesorería.

El importe queda dividido en 450 millones de euros que corresponden al importe previsto para 2017 por la Administración de la comunidad y 50 millones de euros a su sector público.

Por su parte, Extremadura ha sido autorizada a formalizar una o varias operaciones de endeudamiento a corto plazo por un importe máximo de 428,15 millones de euros, con el fin de cubrir necesidades transitorias de tesorería que puedan surgir durante el ejercicio 2017.

Estas dos autonomías sólo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2017 y deberán supeditar las operaciones de endeudamiento que formalicen en ejecución de estas autorizaciones al cumplimiento del objetivo de deuda para el año 2017.