A raíz de una denuncia presentada en Madrid por un empresario de Arévalo (Ávila), la Guardia Civil inició la investigación de este caso bajo el nombre 'Operación Fulero'.

El investigado falsificó facturas del empresario y se las envió a los clientes, y cobró así 45.000 euros, de tal modo que el estafado no se enteró hasta que no reclamó los importes que no le habían pagado.

La Guardia Civil le localizó en agosto, pero después, en diciembre detectó que había hecho lo mismo con otras dos personas, a las que estafó 5.000 euros.

El número de su cuenta, que ponía en las facturas falsas, es lo que permitió unir ambos casos.