Familias meditan qué pasos dar tras frustrarse los procesos de adopción que habían iniciado en Etiopía, Burundi y Burkina Faso, debido al cierre del organismo acreditado para la adopción internacional (OAAI) que gestionaba los procedimientos, Addis Galicia, con dificultades de viabilidad económica. Lo que buscan es que "alguien asuma responsabilidades" por lo ocurrido.

"Estamos en shock, destrozados. No se trata de una cuestión de dinero, sino del tiempo perdido. Algunos no quieren seguir adelante o hay división en la familia, por eso tenemos que ver qué pasos damos, si nos juntamos y contactamos con un abogado para ver qué hacer", ha relatado a Europa Press uno de los afectados, Manuel Alfonso López.

Las familias censuran que ni la entidad gestora ni la Xunta asuman "responsabilidades" y además "apunten a las familias" ante un problema que afecta a unas 80 familias de toda España.

Y es que, en la pasada jornada, las familias recibieron una comunicación de la Dirección Xeral de Familia en las que se informaba de que solo 14 familias (10 de Etiopía y 4 de Burundi) manifestaron su voluntad de acometer un nuevo pago para continuar con los expedientes con las "nuevas tarifas autorizadas" por el departamento autonómico.

La notificación incide en que las familias ya habían sido informadas de que la posibilidad de continuar tramitando con Addis requería que se aportasen recursos para 20 expedientes.

"Dado que Addis Galicia no puede cumplir con el plan de viabilidad económica presentado ante esta Dirección Xeral al no haber llegado al número de expedientes necesarios para que dicha OAAI pueda continuar prestando sus servicios, les comunicamos su inevitable cierre y, por tanto, la imposibilidad de dicha entidad de proseguir con sus expedientes de Etiopía y Burundi", ratifica la comunicación.

"ASUMIR RESPONSABILIDADES"

Ante esta situación, las familias aún están "asumiendo los hechos". Según Manuel Alfonso López, lo "preocupante" es que "nadie" asuma los pasos a dar. "La responsable, con quien tenemos el contrato, es Addis, pero también la Xunta por no supervisar", ha remarcado.

Y es que este afectado recuerda que la Xunta es la que ha actuado como "intermediaria" y la que "envía el correo diciéndonos que se acabó". También subraya que las familias han aportado "miles de euros" y que se les pedía "más dinero sin ninguna garantía", por lo que no se puede hacer recaer en ellas la responabilidad.

LA XUNTA DICE QUE NO PUEDE HACERSE CARGO

Por su parte, la Consellería de Política Social ha trasladado a Europa Press que la tramitación en Etiopía y Burundi solo está permitida a través de la intervención de un organismo acreditado para la adopción internacional, no a través de "protocolo público", por lo que "en ningún caso la Xunta podría hacerse cargo de los procesos" en curso.

La competencia de la Xunta se limita, incide el departamento autonómico, a "acreditarlas para tramitar expedientes en un país extranjero y autorizar las tarifas que pueden cobrar a los solicitantes de adopción" por la tramitación de su expediente.

Ha añadido que, dada la situación de falta de recursos planteada por Addis, la Xunta analizó las posibles soluciones para las familias en espera, y "ante la imposibilidad de tramitar los expedientes en ninguno de los países por vía pública o negociar con otras entidades su continuidad", decidió "plantear la situación a todas las familias afectadas.

COMPROMISO DE LA GESTORA

Como recuerda la comunicación, la posibilidad de continuar tramitando con Addis requería de 20 expedientes y fueron 14 las familias que manifestaron su voluntad de continuar con las "nuevas tarifas autorizadas", con lo que la entidad cerrará.

Al respecto, la Xunta explica que, como cualquier caso de cierre y dado que la relación entre los solicitantes y los organismos es "una relación contractual privada, se procederá a la liquidación de los gastos de acuerdo con los términos del contrato".

En todo caso, ha asegurado que la entidad se ha comprometido con la Administración a que gestionará hasta su finalización los expedientes "ya asignados y que se encuentre finalizando los procesos en los países de origen (cuatro en Etiopía, siete en Burundi y dos en Burkina Faso).