La parlamentaria del PP por Sevilla Alicia Martínez ha explicado en un comunicado que "después de haber visitado en varias ocasiones a los vecinos de los alojamientos de San Bernardo y tras el anuncio por parte de la Junta de que los va a desalojar, volvemos a pedir al consejero de Fomento que explique por qué va a desalojar a los jóvenes que acaban de cumplir 35 años".

Así, ha señalado que "estos jóvenes han esperado más de diez años a que la Junta de Andalucía terminara estas viviendas y ahora, cuando llevan viviendo tan sólo unos meses, pretende desalojarlos por haber cumplido 35 años". "Los afectados están recibiendo cartas de AVRA en la que se les comunica la decisión de expulsar de sus viviendas a los jóvenes mayores de 35 y también exigen la puesta al día de los pagos exigidos para renovar los alquileres al resto de vecinos".

"Después de estar esperando más de diez años esperando la adjudicación de una vivienda en el acto de la firma les pusieron el contrato por delante con las condiciones que AVRA planteaba sin opciones de ningún tipo y advirtiendo que podían tirar de la lista de espera".

Así, "en el contrato se estipula una renta de 159 euros, además de un 1% de gastos de gestión y servicios comunes del alojamiento. Además los actuales inquilinos aseguran que les dijeron de palabra y sin figurar en el contrato que debían abonar 50 euros mensuales como gastos de mantenimiento".

El contrato, según el PP, también les obligaba a "pagar el IBI a pesar de que el abono del mismo debe correr por cuenta del arrendatario, en este caso la agencia AVRA". Otra de las cosas que demuestran la actitud recaudadora de esta agencia pública es que les hicieron pagar en la firma del contrato "dos meses de alquiler como aval en vez de uno como es lo habitual".

Ante esta situación, "vamos a reclamar en el Parlamento y

a la Agencia AVRA explicaciones sobre la situación de estos alojamientos y las carencias que presentan después de más de diez años de espera". Asimismo, "reclamaremos el a AVRA que se haga cargo del pago del impuesto del IBI que corresponde al propietario en este caso la Junta, en vez de repercutirlo a los vecinos, o en su caso pediremos al Ayuntamiento que inicie los trámites para bonificar el 95% del IBI, de estas viviendas".