Amnistía Internacional acusa a España de restringir la libertad de expresión

Concentran en Barcelona para pedir la libertad sin cargos de los titiriteros
Concentran en Barcelona para apoyar a los titiriteros. (EUROPA PRESS)

Un grave retroceso en los derechos humanos en el mundo fruto de una "política de demonización" ante la que los gobiernos han hecho "la vista gorda". Eso es lo que Amnistía Internacional (AI) denuncia en su informe de 2016 La situación de los derechos humanos en el mundo, en el que ofrece un análisis exhaustivo de la cuestión que abarca 159 países.

La organización advierte de que las consecuencias de la retórica del odio y el miedo, del "nosotros contra ellos" con que se elabora la agenda en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo, están fomentando un retroceso en materia de derechos humanos y debilitando peligrosamente "la respuesta global a las atrocidades masivas". Y en ese contexto, España no se ha quedado al margen, según AI.

A su juicio, lo más destacado en esta materia en nuestro país en 2016 fue el abuso del delito de "enaltecimiento de terrorismo" para procesar a personas que ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, así como las expulsiones colectivas en la frontera de Ceuta y Melilla y los incumplimientos de los compromisos adquiridos a la hora de reubicar y reasentar a personas que huyen de conflictos.

"Aunque España se comprometió en septiembre de 2015 con la UE a la reubicación y reasentamiento de más de 17.000 personas que huyen de la guerra y la persecución, lo cierto es que sólo ha acogido a 1.034 personas (23 enero de 2017), tan sólo el 6% de su compromiso. Unas cifras claramente insuficientes", manifestó este martes Esteban Beltrán, director de AI España.

El sistema español, bloqueado

El informe señala que el sistema español de recepción de solicitantes de asilo sigue prácticamente bloqueado, no se garantiza el derecho a la información a quienes llegan, es excesivo el tiempo que permanecen en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) los solicitantes de asilo de algunas nacionalidades (en algunos casos hasta más de un año), y no hay garantías de protección para colectivos vulnerables como las mujeres víctimas de violencia de género, las víctimas de trata, o las personas del colectivo LGBTI.

Igualmente, la organización ha documentado cómo las fronteras se encuentran prácticamente selladas para migrantes y solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla, especialmente de origen subsahariano, donde se siguen produciendo expulsiones colectivas por parte de las fuerzas de seguridad, la última en enero de 2017, sin tener en cuenta si estas personas podrían ser solicitantes de asilo o estar en una situación vulnerable.

El documento refiere que a lo largo de 2016 hubo ejemplos que sirvieron "para limitar desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión"

Asimismo, el documento refiere que a lo largo de 2016 hubo ejemplos de "cómo la amplia y vaga definición de terrorismo recogida en la reforma del Código Penal sirvió para limitar desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión". Y cita, como principal ejemplo, el caso de Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez, titiriteros de la compañía Títeres desde abajo y encarcelados por sacar un cartel en el que se leía Gora Alka-ETA en el transcurso de una representación de marionetas. Su causa se archivó en enero de 2017.

Para AI, estos hechos se enmarcan dentro de las "restricciones injustificadas" a los derechos de la libertad de información, expresión y de reunión que a su juicio incluye la reforma del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.

Al mismo tiempo, denuncia casos de uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, y otros casos de malos tratos, que no se investigaron con eficacia y exhaustividad. En este sentido, recuerda que en mayo de 2016 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminaba por octava vez desde 2010 que los casos de torturas y malos tratos en España no se investigaban adecuadamente.

Por último,la organización señala que en España "se consolida la impunidad de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo porque las autoridades españolas siguen sin investigarlos o impiden la investigación llevada a cabo por tribunales argentinos".

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