Broto ha insistido a las más de cien personas que han acudido a este sesión en que este proceso ayudará al instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) a diseñar las políticas sobre menores, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Ha recordado el "riguroso trabajo" que se ha llevado a cabo en esta materia desde que tomó posesión este Gobierno al destacar que se han analizado la realidad de los centros y los protocolos, ya que se han actualizado; se ha hecho un gran esfuerzo en materia de acogimientos familiares, y se ha llevado a cabo una modificación del acuerdo marco, entre otros asuntos.

En medio de este trabajo, ha recordado, las Cortes de Aragón han aprobado una Proposición No de Ley en la que se propone al Gobierno de Aragón que se ponga en marcha una mesa de trabajo en la que se incluyeran administraciones y profesionales del ámbito y entidades implicadas para abordar un Plan de intervención de protección de menores y una estrategia de intervención educativa con menores sujetos a medidas judiciales.

La consejera ha insistido en que el trabajo del Gobierno de Aragón en materia de menores se ha basado en la "prudencia y la sensibilidad" y que, por lo tanto, los grupos de trabajo que compondrán esta mesa "no partirán de cero".

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

En la sesión se ha repasado la situación actual, las medidas ya emprendidas y se han avanzado unas líneas estratégicas sobre las que van a trabajar los participantes.

Garantizar que todas las actuaciones y medidas que se realicen se tomen desde la visión de los derechos y el interés superior del menor es la primera de ellas.

La segunda es garantizar la prioridad de la permanencia de los menores en su familia de origen, estableciendo actuaciones preventivas para evitar situaciones de riesgo o desprotección.

Dar prioridad al acogimiento familiar frente a las residencias y adecuar el modelo de atención residencial a la nueva normativa legal y a las necesidades del menor son las siguientes

líneas estratégicas.

También se apuesta por garantizar los derechos de los niños en los procesos de adopción y por implantar mejoras en la intervención con menores sujetos a medidas judiciales, dentro de las competencias de la Administración autonómica.

Impulsar la colaboración y cooperación institucional y social y desarrollar la responsabilidad compartida en la atención a la infancia y a la adolescencia, e incrementar la capacidad para abordar las dificultades emergentes que presentan los menores son las últimas líneas estratégicas sobre las que se va a debatir y sobre las que se presentarán propuestas.