Según reza en el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, visto el estado en que se mantienen las presentes actuaciones y resultando las mismas "insuficientes para la determinación y circunstancias del hecho", las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento, ha acordado la práctica de nuevas diligencias.

Entre ellas se encuentran la toma de declaraciones testificales por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias. Cabe recordar que en abril de 2015 el juez desestimó una petición de archivo solicitada por el exprimer edil.

El juzgado decidió seguir adelante al considerar que en la denuncia interpuesta "se deducen indicios de la comisión de un supuesto delito de prevaricación, puesto que se ha dictado un decreto de alcaldía en presumible contradicción a una convocatoria de plazas previamente aprobada".

Por ello, consideró "indispensable" practicar las diligencias "mínimas e imprescindibles" encaminadas a esclarecer los hechos. A su vez, el sindicato UGT también denunció estos hechos por estas supuestas irregularidades al considerar que había dictado el decreto de alcaldía bajo "la evidencia de no alcanzar los puestos de salida miembros de su partido y allegados".

En enero de 2015 el alcalde de Almonte fue a citado a declarar por este asunto y aseguró que cuando "se anula el proceso de selección aún no se conocían las tres personas que habían alcanzado la mayor puntuación", negando los hechos e indicando además que no tiene "favoritos" porque no conocía a las personas que participaron en el proceso de selección.

La convocatoria se refería a la contratación temporal de tres auxiliares administrativos del grupo C2, con jornada a tiempo parcial, de 30 horas, con duración hasta el 30 de junio de 2015, con cargo al Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (Poctep), de fondos europeos.

Al concurso-oposición concurrieron 56 aspirantes y el tribunal calificador, compuesto por cinco funcionarios públicos y trabajadores municipales, designados por el propio teniente alcalde delegado de Recursos Humanos, puntuó a los seleccionados.

Al respecto, el exportavoz del PSOE, José Villa, quien interpuso la denuncia, argumentó en su escrito que, una vez que el alcalde popular conoció los candidatos propuestos por el tribunal y al constatar "que no eran sus recomendados, dictó un decreto de anulación sin ningún tipo de informe jurídico que amparase su decisión".