La creación del Consejo es la primera medida que se pone en marcha para aplicar la Norma Foral de Transparencia, Participación

Ciudadana y Buen Gobierno del sector público del Territorio Histórico de Álava, aprobada hace dos semanas.

Este órgano, con "plena independencia y autonomía", según ha destacado la Diputación, se encargará de analizar las reclamaciones de los ciudadanos por posibles casos de denegación del ejercicio de su derecho de acceso a la información pública.

El Consejo está constituido por tres miembros. Las dos

vocalías serán asumidas por personal funcionario de perfil técnico, y la Presidencia recaerá en la persona titular de la dirección que asuma las funciones en materia de transparencia. En esta legislatura, el cargo corresponderá a la directora del Gabinete del diputado

general.

Según estable el reglamento de este órgano, los acuerdos y resoluciones se adoptarán por consenso o, en su defecto, por mayoría. Si se produjera un empate, se tendrá en cuenta el voto de calidad de la Presidencia de este órgano.