La organización El Refugio denunció ayer que más de 500 animales podrían haber muerto asfixiados en lo que va de año en las instalaciones de la perrera de Puerto Real, en Cádiz.
Por eso, han iniciado una campaña para tratar de convencer a los Ayuntamientos gaditanos para que cancelen sus contratos con este centro.
Mona, una perra de tres años que fue recogida por El Refugio con sus nueve cachorros y que ahora está adoptada, es la protagonista de esta campaña.
Según la organización, los animales habrían sido sacrificados con un paralizante muscular, lo que supone una muerte lenta y agónica.
Esta perrera es la primera de España contra la que hay abierto un procedimiento penal, a raíz de una denuncia presentada por el Seprona en junio pasado. Sus responsables están acusados de falsedad documental, denuncia falsa y un delito continuado de maltrato de animales
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