La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha iniciado la tramitación de la reforma de la Ordenanza de Movilidad para añadir nuevas razones, además de a la actual de creación de zonas peatonales, para poder restringir el tráfico en cualquier área de la ciudad.
El objetivo del Consistorio es poder establecer restricciones a la circulación de vehículos, por ejemplo, por motivos de seguridad, sin temor a que sean recurridas ante la justicia como hizo el PSOE contra el cierre de la Colonia Marconi, donde el Ayuntamiento actuó para luchar contra la prostitución.
En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid primero y el Tribunal Supremo después anularon la decisión del Ayuntamiento al considerar que el cierre no estaba amparado en ninguno de los motivos a los que podía acogerse por la normativa vigente.
Iba a ser un tratado
Aunque el pasado 1 de octubre, tras conocerse la decisión judicial, el delegado de Seguridad, Pedro Calvo, anunció que firmaría en pocos días un tratado "basado en motivos y argumentos distintos, para que no haya que ir a algo absurdo como es reformar una ordenanza" el vicealcalde ha informado de que la Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto inicial de modificación del artículo 88 de la Ordenanza de Movilidad.
Según el vicealcalde Manuel Cobo, el Gobierno municipal ha dado este paso para "avanzar hacia aquellos derechos que tienden a la consecución de la seguridad de las personas, tanto física como moral, la protección social y a un medio ambiente adecuado en su vertiente más amplia".
El artículo 88 reconoce la posibilidad de prohibir o limitar la circulación y el estacionamiento de vehículos únicamente cuando existan razones que aconsejen reservar, total o parcialmente, una vía pública como zona peatonal.
Sin embargo, la redacción propuesta, que se aprobará con toda seguridad dada la mayoría absoluta que respalda al Gobierno municipal en el Pleno, incluye además otras cuatro razones: de seguridad vial, movilidad y fluidez del tráfico; protección del medio ambiente; seguridad ciudadana y protección de la integridad de los espacios públicos y privados.
Cobo ha indicado que, de esta forma, la Ordenanza de Movilidad recoge las competencias atribuidas en esta materia al Ayuntamiento de Madrid por la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, que contempla la potestad municipal de regular los usos de las vías públicas y de limitar, restringir o prohibir la circulación cuando sea necesario para garantizar, precisamente, esos cuatro supuestos.
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