De igual modo, también solicita al Gobierno andaluz incrementar el presupuesto destinado a la política educativa no universitaria, a fin de converger con la inversión por alumno que registra la media española, para que el alumnado andaluz pueda acceder a la educación pública en las mismas condiciones de calidad que el resto de comunidades. Así como a garantizar la completa ejecución de las cantidades presupuestadas en materia educativa.

También pedirán a la Junta no llevar a cabo recortes de unidades en aquellos centros educativos de la ciudad de Málaga sostenidos con fondos públicos con demanda social en el próximo curso 2017/2018, ni en cursos sucesivos, teniendo en cuenta en cada caso la ratio de la zona donde esté ubicado el centro, así como las características de su entorno y del municipio; y, además, a atender la demanda social como criterio general de planificación, especialmente en la oferta de formación profesional y de educación especial.

Asimismo, instan al Ejecutivo andaluz a modificar de manera urgente el Decreto 9/2017, de 31 de enero 2017, por el que se modifica el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Por otro lado, piden a Junta de Andalucía que se garantice la complementariedad y convivencia de ambas redes, centros públicos y centros concertados, rechazando cualquier manifestación de confrontación y/o discriminación, respetando la libertad de elección de centros de las familias, como derecho fundamental recogido en el artículo 27 de la Constitución Española.

Por último, insta a la Junta a aprobar un plan de reversión de unidades educativas suprimidas por no reunir los requisitos de demanda social, de manera que si en los centros sostenidos con fondos públicos las circunstancias que motivaron la eliminación de tales unidades se vieran modificadas, automáticamente pueda revertirse la situación y que dichos centros puedan volver a recuperarlas.

Así lo ha informado este viernes el portavoz del equipo de gobierno, Carlos Conde, que ha señalado que la libertad de enseñanza "es un derecho fundamental" recogido en el Artículo 27 de la Constitución Española.

"No podemos olvidar que el sistema educativo pivota principalmente sobre dos ejes: la enseñanza pública y la concertada", señalando que "ésta última tiene un papel fundamental, ya que es elegida como opción de enseñanza por un porcentaje muy destacado de familias andaluzas".

No obstante, ha añadido las Escuelas Católicas de Andalucía, que aglutinan a la mayoría de los titulares de los centros educativos concertados, representa a 400 colegios de toda la región en los que estudian 225.000 alumnos y trabajan 16.000 profesores.

Según Conde, "la postura de la Consejería de Educación, en relación con la renovación de los conciertos, está siendo de silencio y falta de claridad con las asociaciones más representativas del sector de la concertada, que llevan mucho tiempo pidiendo abordar los diversos problemas existentes, incluido el descenso demográfico, sin obtener respuesta alguna por parte de la administración andaluza".

La ciudad de Málaga tiene medio centenar de centros concertados

adscritos con casi 30.000 alumnos tanto en las etapas de educación obligatoria como en formación profesional y bachillerato. De estos centros, ya ha adelantado la Consejería que va a eliminar dos unidades en los colegios Fernando de los Ríos de Ronda y Alfonso X en Málaga capital. "No sabemos qué va a ocurrir con el resto de unidades de colegios concertados de la ciudad de Málaga", ha añadido.

Así, ha agregado que a pesar de que la presión de las familias y los colegios concertados, "ha obligado a la Junta a sentarse a dialogar y a replantear el anuncio que hizo en el pasado mes de enero, no podemos estar tranquilos".

"Que la Junta garantice, como ha pasado a decir, que continuarán abiertas las líneas de concertada vigente, no nos garantiza que vayan a permitirse el inicio de nuevos cursos escolares y eso no solo conculcaría el derecho de las familias a elegir centro libremente, sino que pondría en peligro la situación laboral de miles de profesores y otros profesionales que trabajan en estos colegios", ha sostenido.

Además, ha dicho, "estamos acostumbrados a declaraciones de intenciones y a promesas que se quedan en papel mojado". "No creemos que la solución deba ser cortoplacista y reducirse al próximo curso escolar; muy al contrario, pensamos que es importante que el gobierno andaluz se posicione, entierre definitivamente el hacha de guerra contra los concertados y no vuelva a sembrar incertidumbre sin antes haber escuchado y consensuado con la comunidad educativa", ha concluido.