La calificación de Fiscalía del Principado de Asturias sobre irregularidades en el 'caso Niemeyer' llega casi tres años después de que todos los grupos en la Junta General del Principado de Asturias, con excepción del PSOE, aprobasen el dictamen

tras la comisión especial no permantente de investigación sobre el funcionamiento, la gestión y el desarrollo del Centro Niemeyer pro parte de al Fundación Pública Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer Principado de Asturias.

El fiscal pide ahora un total de once años para el que fuera director general de la Fundación, Natalio Grueso, por

los delitos de malversación, falsedad, delito societario e insolvencia punible. El dictamen aprobado por los grupos de la oposición en Asturias el 17 de julio de 2014 señalaba que la gestión de Grueso "está plagada de irregularidades, circunstancias que han determinado su salida del patronato ante el claro abuso que se ha producido en el ejercicio de sus responsabilidades y el ejercicio de acciones por parte de este Patronato en defensa de los intereses públicos que le fueron encomendados y que de forma tan clara ha defraudado".

En los mismos términos reprobaron los políticos asturianos a otro de los acusados, el exsecretario de la Fundación, José Luis Rebollo, para el que la fiscalía pide ahora 2 años y tres meses de prisión por un delito continuado societario.

Pero las conclusiones de la comisión de investigación de 2014, que fue solicitada por el PP, también reprobaban políticamente a altos cargos del Gobierno asturiano, como el expresidente del Ejecutivo asturiano y actual portavoz del PSOE en el Senado, Vicente Álvarez Areces.

El dictamen apuntaba a Areces como "máximo responsable político" durante el periodo de los hechos objeto de investigación, cuando las "irregularidades" se produjeron, teniendo además en cuenta su responsabilidad en los nombramientos de los titulares de las "consejerías afectadas", además de su "especial vinculación" a la Fundación, al ser el "principal responsable" del nombramiento y mantenimiento de Grueso.

Además, la resolución aprobada en 2014 reprobaba a Areces por su responsabilidad como "principal promotor" de la Fundación, con una aportación que comprometía al Principado en un 50

por ciento, incluyendo la firma con la Fundación de un protocolo de colaboración suscrito que garantizaría por espacio de cinco años la financiación de actividades de la entidad.

También rechazaron la gestión de Areces por haber impulsado cambios en los estatutos de la Fundación en la primavera de 2011 por los que él era el "principal beneficiario" al mantener su "vinculación y control" sobre la Fundación, al garantizarse el nombramiento como patrono vitalicio, además del "blindaje y liberación" del secretario de la Fundación.

El dictamen también se refiere a otras responsabilidades reprobables de políticos asturianos, como la exalcaldesa de Avilés y actual consejera de Bienestar Social y Vivienda de Asturias, Pilar Varela, cuyo testimonio solicita el fiscal en el juicio.

El texto de 2014 afirma que Varela, que era miembro del patronato, bloqueó en 2011 la entrada de representantes del Principado y validó los cambios estatutarios "claramente perjudiciales para el patrimonio público", además de "confiar" absolutamente en los gestores de la Fundación, especiamente en Natalio Grueso.

El dictamen también criticó en su día las responsabilidades de la exconsejera de Cultura, Mercedes Ferna*ndez, así como otros altos cargos del Gobierno asturiano, como el que fuera secretario general técnico de la Consejería, Pedro Isidro Rodríguez, el exdirector de la Agencia para el Desarrollo de la Comunicación y Proyectos Culturales, Jorge Fernández León, y el que fuera director general de Patrimonio Cultural, José Luis Vega.

POSICIÓN DEL PSOE

En el pleno en el que se sometió a votación el dictamen todos los grupos de la oposición (Foro, PP, IU y UpyD), votaron a favor del mismo, saliendo aprobado por 25 votos a favor frente a los 17 del PSOE, que votó en contra.

El portavoz socialista Fernando Lastra dijo en aquel pleno que la comisión se había portado de manera "zafia y grosera" con muchos de los comparecientes. Acusó al PP de "hacer daño" a la ilusión de una ciudad como Avilés.

"El problema, cuando en un documento de esta naturaleza se atribuyen responsabilidades, o se pretende, más que atribuir responsabilidades, atribuir funciones que no tienen personas o empleados públicos, que son falsas, que son equivocadas, que

no están en la ley, y no quieren ustedes corregir, ¿ a quién le piden responsabilidades?, ¿ a quién se las piden?, ¿ a ustedes, que son los que lo votan?, ¿ se las pueden pedir a alguien?, ¿ alguien les puede pedir responsabilidades a ustedes por los errores que cometen? ¡ Pues claro que tienen que pedírselas! Y se las pedirán, claro", concluyó Lastra aquella intervención

MÁS CONTROL

En el texto aprobado, los diputados asturianos pidieron al Gobierno asturiano que realizase, a través de la Intervención General, un control

previo y a posteriori de las subvenciones nominativas. También pidió una ley autonómica de fundaciones en la que se regulase el ejercicio de control del Principado sobre las fundaciones.

"Regular de forma homogénea el concepto del llamado resto del sector público del Principado de Asturias, adaptándolo a la normativa comunitaria" o "requerir la intervención de la Sindicatura de Cuentas en la fiscalización de las Fundaciones Públicas también eran peticiones de aquel dictamen.