Así lo han indicado a Europa Press fuentes jurídicas, que han precisado que el citado informe cifra la cuantía de la reparación y de la mano de obra únicamente, por lo que la titular del Juzgado de Instrucción 1 de la capital ha interesado que se amplíe la pericial y se indague si se precisó en la actuación el uso de andamios, escaleras u otros utensilios que "pudieran significar un incremento en el coste de la factura".

Cabe recordar que la asociación 'Amigos de la Alcazaba', que interpuso denuncia ante la Fiscalía Provincial, que a su vez interesó que se abriera procedimiento penal, cuantificó el valor de la reparación de la veintena de agujeros en, al menos, 3.112 euros mientras que la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta redujo los daños causados a este Bien de Interés Cultural (BIC) a tan solo 150 euros.

Junto a la práctica de esta diligencia, la juez instructora ha estado tomando esta semana declaración a investigados y testigos en aras de esclarecer si existe dolo en la actuación. En la jornada de este miércoles han comparecido dos vigilantes de seguridad que han sostenido que "no se dieron cuenta" de lo que había sucedido hasta "la mañana del sábado, 18 de junio" y que no vieron "cómo se realizaban las perforaciones".

En concreto, según fuentes del caso, uno de los vigilantes de seguridad ha trasladado que no se encontraba de turno en el momento de los hechos mientras que el otro, si bien si estaba trabajando, ha asegurado que el tercer recinto estaba "cerrado al público por obras" y que, por tanto, no accedió a el.

También ha declarado ante la juez instructora en calidad de imputado el director artístico de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, quien ha afirmado no tener "ninguna competencia a nivel técnico" y ha rechazado que tuviera "poder de decisión sobre el montaje de las gradas y el escenario" al tiempo que ha precisado que desconoció que se habían "producido los taladros" hasta dos días después, "cuando lo vi en prensa el lunes".

Por su parte, los operarios de la empresa con la que opera la Consejería de Cultura para el alquiler de la logística para eventos que se celebran en bienes inmuebles del patrimonio histórico también han indicado que no tuvieron conocimiento de la actuación hasta que se les "avisó a posteriori".

Trabajadores del conjunto monumental de La Alcazaba criticaron en su momento que los empleados que se encontraban en el recinto cuando se produjo el taladro de anclajes para montar un escenario en el Patio de Armas informaron a la directora del centro por teléfono el 18 de junio y aseguraron que la responsable, que cesó de su cargo en julio, "no actuó hasta que la prensa difundió la agresión dos días después".

Amigos de La Alcazaba presentó una denuncia ante la Fiscalía por este caso, de forma que el Ministerio Público interesó posteriormente a la apertura de diligencias la declaración de causa compleja, así como que se citara a los responsables de la empresa de andamios en calidad de investigados.

De manera paralela, también se solicitó que se librara oficio a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte para que designara a un técnico que elaborara un informe sobre los daños causados al Bien de Interés Cultural (BIC) para proceder a la valoración del importe de los daños así como el coste de su reparación.

En su denuncia, el Ministerio Público pidió la incoación del oportuno procedimiento penal para comprobar los hechos narrados por Amigos de La Alcazaba y la Junta de Andalucía y, a su vez, la práctica de pesquisas para evaluar los daños y el coste de reparación que tuvieron los mismos.

El fiscal apuntaba que los perjuicios ocasionados al principal monumento de la capital podrían ser constitutivos podrían ser constitutivos de un delito de daños al patrimonio histórico "bien en su modalidad dolosa", según el artículo 332 del Código Penal, "o cuanto menos, en su modalidad de imprudente", a partir del artículo 334 del Código Penal, que estiman penas de prisión de seis meses a dos años.