El interventor del Ayuntamiento de Sevilla, José Miguel Braojos, ha defendido este miércoles la legalidad del pliego de condiciones particulares del concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla y también de las dos cláusulas que según las acusaciones se habrían introducido en el mismo para favorecer a Sanma -filial de Sando-.

Durante la duodécima sesión del juicio, el actual interventor municipal y exconsejero de la lonja ha sido cuestionado sobre si observó alguna "ilegalidad" en el pliego del concurso y ha aseverado que, "si la hubiera visto, lo hubiera dicho, porque interés no tenía ninguno", ha añadido.

Braojos ha defendido la "legalidad" de la cláusula de limitación al alza y también de la cláusula de titularidades previas, que según la Fiscalía se habrían introducido en el pliego para favorecer a Sanma, finalmente adjudicataria del concurso, y también que se cumplieron los principios de publicidad y concurrencia, según han indicado a Europa Press fuentes del caso.

Asimismo, el interventor municipal ha indicado que el exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento Antonio Rodrigo Torrijos "era el que más insistía" en la fórmula del concurso público "para evitar la especulación" con los terrenos de Mercasevilla, que se querían vender porque su situación económica era "delicada".

Tras asegurar que Torrijos no intervino en la mesa de contratación, ni en la elaboración del pliego, ni en la valoración de las ofertas presentadas, José Miguel Braojos ha dicho que, como economista, él prefería la subasta, aunque votó a favor del concurso "porque era legal".

Durante su declaración como testigo, el interventor ha aludido a un encuentro que mantuvieron en 2009 él y el anterior secretario municipal, Venancio Gutiérrez Colomina, con la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante, quien "había dicho ante la juez que nosotros habíamos dirigido la elaboración del pliego".

NO SE SIENTE "RESPONSABLE NI CULPABLE DE NADA"

"Le dije que eso era incierto y que no podía meternos a nosotros -al interventor y al entonces secretario-" en esto, ya que "nosotros no hemos intervenido" en el pliego, ha asegurado Braojos, que, cuestionado sobre a qué se debía el "temor" a ser imputado en la causa si todo el procedimiento era legal, ha afirmado que "no se siente responsable ni culpable de nada".

Asimismo, el interventor ha indicado que, en el encuentro con Bustamante, ésta le dijo que había sido el exdirector del área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño quien le "encargó" la elaboración del pliego de condiciones, algo que la acusada ha tachado de "rotundamente falso".

Braojos, igualmente, ha aludido a un encuentro que mantuvo en octubre de 2005 con el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet y el exasesor jurídico de la lonja Jorge Piñero, en la cual estos plantearon "vender los terrenos directamente", a lo que se "opuso" el secretario municipal. "El secretario dijo que bajo ningún concepto, se negó a que la venta fuera directa y defendió que fuera mediante concurrencia pública", ha defendido.

En la duodécima sesión del juicio también ha declarado como testigo el que fuera delegado comercial del Grupo Noga -que realizó una oferta de 158 millones de euros-, Antonio Barba, quien ha relatado que en la mesa de contratación, y cuando se estaban abriendo los sobres con las ofertas, "se habló de que podría ser para Sanma o Sando".

En este sentido, ha indicado que el comentario pudo partir del economista José Antonio Ripollés "o de la persona que estaba al lado".