En la sentencia, el tribunal declara probado que el acusado fue contratado a finales de 2002 por la empresa perjudicada para dar asesoramiento jurídico y fiscal y para realizar otro tipo de tareas, consistentes en recoger dinero opaco generado por esta entidad e ingresarlo en una entidad bancaria en Portugal.

Así, hasta 2009 el hombre recibió 4,39 millones, pese a lo que sólo consta que hizo entrega en el banco de 112.600 euros, "habiéndose quedado con el resto en su propio beneficio" y entregando a la empresa unos extractos bancarios falsificados "con la finalidad de evitar que pudiera -haber- sospechas de que se estaba quedando con el dinero que le entregaban".

Por ello, la Sala condena al hombre a cuatro años y medio de prisión y multa de 3.000 euros por un delito continuado de apropiación indebida; y a dos años y 3 meses de cárcel y multa de otros 3.000 euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Además, tendrá que afrontar las costas e indemnizar a la entidad perjudicada en 3,84 millones más los intereses legales.

Asimismo, el tribunal considera probado que la esposa del acusado, Patricia María C.C., se aprovechó del dinero obtenido, por lo que en concepto de partícipe a título lucrativo, le obliga a indemnizar a la empresa en 40.000 euros y en otras cantidades resultantes de las operaciones de la adquisición de títulos de una sociedad y de una embarcación.

Finalmente, se deduce testimonio para su reparto al juzgado de instrucción competente por si los hechos atribuidos a Patricia María, y a los tres hijos de la pareja pudieran ser constitutivos de un delito de alzamiento de bienes u otro relacionado.

PETICIONES

La Fiscalía acusaba al hombre de un delito continuado de falsificación de documentos mercantiles y un delito continuado de estafa y, alternativamente, de un delito continuado de apropiación indebida; y solicitaba que fuese condenado a siete años y medio de prisión y a pagar una multa de 3.600 euros y una indemnización para la empresa de más de 3,8 millones de euros.

Por su parte, la acusación particular -ejercida por la empresa- le acusaba de un delito continuado de apropiación indebida agravada y, alternativamente, de un delito continuado de estafa agravada; así como de un delito continuado de falsedad en documento privado, por lo que pedía una pena de nueve años de prisión y multa de 7.200 euros. Finalmente, la defensa solicitaba la libre absolución.