En concreto, el reglamento se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 9 de febrero del año pasado, lo que llevó a los diputados 'populares' a presentar un recurso ante lo que consideraron "un auténtico despropósito" ya que, según se dijo entonces, ese reglamento era "a todas luces ilegal", y se aprobó con la mayoría del PSOE "solo para legalizar los nombramientos a dedo que habían realizado previamente", según ha recordado este martes el portavoz del PP en la institución provincial, Alfredo Aguilera.

En concreto, esos nombramientos afectan a cuatro puestos como el de director del Área de Economía y Hacienda; el director adjunto de Gestión Presupuestaria; el coordinador de Servicios Estratégicos de Desarrollo Territorial, y el director adjunto de Asesoramiento Financiero y Jurídico. Todos estos nombramientos contaban con un informe desfavorable de la interventora general, "a la que ahora también quieren cesar", apunta Aguilera.

El PP había presentado un recurso de reposición contra estos nombramientos pero al ser denegado por la diputación cacereña se acudió a los tribunales alegando que "la diputación no tenía potestad para regular el régimen jurídico del personal directivo profesional", que "no podían sustraer funciones de funcionarios de habilitación nacional en favor de personal directivo", que "no podían supeditar jerárquicamente o con dependencia un habilitado nacional de personal directivo" y que "no podían nombrar a personal directivo si no eran del grupo A1", entre otras cuestiones.

"NEPOTISMO SOCIALISTA"

"En el fondo este reglamento intentaba consagrar el nepotismo socialista de la diputación y posibilitar la contratación de personal afín, sin cumplir los requisitos legales, pero cumpliendo los requisitos políticos", ha recalcado el portavoz, quien añade que con este reglamento "no era necesario cumplir con los principios de igualdad, mérito y capacidad, pero sí con los principios políticos de ponte a mi disposición para que me posibilites hacer lo que yo quiera", aseguró.

Ahora, la sentencia del TSJEx asegura que la diputación cacereña carece de potestad para regular el régimen jurídico del personal directivo y le recuerda que "deberán imperar criterios de profesionalidad y experiencia entre funcionarios del grupo A1 como la igualdad, el mérito y la capacidad" y con el reglamento orgánico "se omitían estas obligaciones" y regularlo "también infringe el ordenamiento jurídico", destaca el portavoz.

Así, el fallo estima sustancialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el grupo Popular contra el acuerdo de aprobación del reglamento orgánico y, en su virtud, anula el mismo en todo lo referente al personal directivo profesional.

Ante esta situación, el PP se pregunta qué pasará ahora, y qué sucederá con los cuatro cargos directivos "nombrados irregularmente", y defiende que, "deberían ser cesados inmediatamente de su cargo por haber sido nombrados de forma ilegal". Además, pide responsabilidades por este "desaguisado" y apunta a la propia presidenta de la Diputación de Cáceres "por su cabezonería en aprobar algo a todas luces irregular".

Aguilera considera "imperdonable" que el equipo de Gobierno presente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para "alargar" esta situación "irregular o ilegal" y, aunque estarían en su derecho de apelar a una instancia superior, el PP considera que "la sentencia es lo suficientemente contundente para que se lo piensen

si finalmente el Tribunal Supremo no les da la razón".

"Creemos que alguien debería asumir responsabilidades y éstas irían directamente contra la señora presidenta por este y muchos más motivos", apunta Aguilera que pone en duda también todas las decisiones adoptadas por la diputación cacereña "basadas en los contra-informes de estos cuatro cargos directivos nombrados de forma ilegal" como, por ejemplo, los propios presupuestos generales de la institución para 2017.

En este sentido, el PP considera que la sentencia "pone en entredicho gran parte de la actuación de la propia diputación, porque se han adoptado muchos acuerdos en base a informes realizados por personal directivo puesto a dedo, sin cumplir los requisitos de elección y sin cumplir ellos, los requisitos mínimos de idoneidad, experiencia y capacidad", insiste.

El portavoz 'popular' recalca la "incompetencia" del equipo de Gobierno provincial y de la presidenta Rosario Cordero y las "irregularidades en el quehacer diario", sobre todo en materia de personal "donde han designado a dedo sin importarles ni la ley ni la ética".

"Los vecinos de la provincia de Cáceres y los alcaldes no se merecen un equipo de Gobierno socialista incompetente y que se dedica más a forzar la legalidad que a trabajar por sus pueblos", sentenció.

Respecto al procedimiento de cese de la interventora general que se ha iniciado, el PP no descarta recurrir nuevamente a los tribunales si no se les facilita la información de las alegaciones presentadas en su defensa por la propia interventora, al igual que se han facilitado los motivos del equipo de Gobierno para iniciar el proceso de cese.