La Consejería de Sanidad presentará el próximo 22 de febrero el decreto sobre tiempos máximos de espera en la sanidad asturiana al dispositivo de listas de espera creado en el Sespa.

El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, así lo ha anunciado este lunes ante la Comisión de Sanidad de la Junta General, en la que PP, Foro Asturias y Ciudadanos han criticado duramente la falta de información y participación de los grupos parlamentarios en el proceso.

El documento, que establecerá un tiempo máximo de 60 días para consultas y pruebas diagnósticas, y de 180 días para intervenciones quirúrgicas, ha sido avalado tanto por el consejero, como por la diputada socialista, Carmen Eva Pérez. La parlamentaria ha recordado que comunidades como País Vasco, Galicia o las dos Castillas han seguido procedimientos familiares y han conseguido reducir sus listas de espera.

No obstante, el consejero ha dejado bien claro que la Sanidad asturiana ya está cerca de lograr el cumplimiento de esto máximos. Según Del Busto, prácticamente en ningún quirófano asturiano se superan ya los 180 días, y en muchos de los hospitales ya se está por debajo de los 60 para consultas y pruebas.

Aun así, sus explicaciones no han servido para acallar las críticas de partidos como PP, Podemos, Foro y Ciudadanos. El 'popular' Carlos Suárez ha lamentado que haya "tres grupos mirando como ustedes se lo guisan y se lo comen", en referencia al Gobierno socialista y a IU, partido que, en calidad de firmante del pacto de investidura, está siendo informado de primera mano del proceso.

Ha reprochado que el "el bloque de la izquierda" votase en contra del anteproyecto de ley que sobre esta materia propuso el PP. "Ustedes dijeron que no a la posibilidad de tratar una ley de forma democrática. Esto perfectamente lo habrían podido tratar ustedes en un despacho, pero ahí no hay prensa y no funciona la propaganda", ha criticado.

La diputada de Foro, Cristina Coto, ha alertado de que "la reducción de las listas de espera no va a ser gratis ni consecuencia de una mera reorganización de los servicios". "Si su proyecto no tuviera ningún coste podrían haberlo traído a la Junta como una ley y habría habido consenso", ha comentado. Para la diputada de Foro, "la regulación por ley de las listas habría sido más garantista que un decreto, que es una imposición". Un decreto, ha añadido, del que los grupos solo conocen un borrador "que circula por ahí".

Armando Fernández Bartolomé, de Ciudadanos, ha reprochado que se celebrase la comparecencia de este lunes cuando los grupos políticos no tienen "el mencionado decreto". Ha recordado que está aún pendiente de aprobación el dictamen de la comisión de investigación sobre listas de espera y "se podrían haber limado asperezas con este decreto". "Y resulta que ustedes van a sacar un decreto que afecta al contenido a las listas de espera, y no tienen la deferencia de pasarlo al resto de grupos", ha añadido.

TRANSPARENCIA Y DERIVACIONES

El diputado de Podemos, Andrés Vilanova, considera que "la Consejería excluye de su Decreto parámetros de transparencia que ya se incluyen en el Real Decreto 605/2003, como es la 'espera real' o espera media de los pacientes no atendidos". Además ha querido saber "por qué la Consejería no publica la lista de espera quirúrgica de pacientes que rechazan tratamientos en centros alternativos, a la que calificó de lista B o lista negra", aspecto que el consejero ha negado rotundamente.

Marta Pulgar, de Izquierda Unida, ha pedido que "las medidas a tomar sean estructurales". Para la diputada, "el decreto no es la solución mágica, pero aporta soluciones". Ha celebrado el descarte de las derivaciones a centros privados, y la mejora de la información y la transparencia que conlleva el documento. También ha demandado que se consolide la participación, "una novedad en esta legislatura".

En respuesta a las críticas de falta de información, el consejero ha explicado que únicamente ha compartido el borrador del decreto con los integrantes del dispositivo de listas de espera del Sespa, con las entidades negociadoras de la concertación social y con Izquierda Unida, como firmante del pacto de investidura.