Las dificultades que afrontan los comunitarios para garantizar sus derechos en el Reino Unido tras el brexit pueden entorpecer un acuerdo recíproco para los británicos en el resto del continente, según un informe del Parlamento Europeo revelado este lunes por el diario The Guardian.

El documento, elaborado por el comité de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, sugiere que el futuro estatus de los 1,2 millones de británicos que viven en otros países de la UE podría ser un asunto que resuelva cada Estado tras la salida del Reino Unido del bloque común, en 2019.

El texto alerta de que "el hecho de que parece que está siendo particularmente difícil para los extranjeros, incluso para aquellos casados con británicos o nacidos en el Reino Unido, adquirir la residencia permanente o la nacionalidad podría condicionar el punto de vista de los Estados miembros sobre este asunto".

Desde que los británicos decidieron cortar los lazos con la UE en el referéndum del pasado 23 de junio, han aumentado en un 50% las peticiones de residencia permanente en el Reino Unido por parte de ciudadanos comunitarios. La cantidad de peticiones pasó de 36.555 en el trimestre previo a junio de 2016 hasta 56.024 en los tres meses posteriores.

Para obtener el documento que acredita la residencia permanente, un derecho que adquieren los ciudadanos de los países del Espacio Económico Europeo (EEE) tras cinco años viviendo en el país, los comunitarios debe rellenar un formulario de 85 páginas.

Deben adjuntar además un amplia documentación, incluidos los papeles originales de sus últimas cinco declaraciones fiscales, facturas y contratos que cubran ese periodo, así como una lista detallada de todos los viajes que han realizado al exterior desde que se establecieron en el Reino Unido.

Los medios británicos han recogido casos de europeos que han recibido cartas invitándoles a preparase para irse del país por no haber rellenado de forma correcta alguna sección del formulario.

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha subrayado en las últimas semanas que garantizar los derechos de los comunitarios en el Reino Unido y los británicos en el resto de la UE es una de sus prioridades de cara al brexit.

Bruselas ha subrayado, sin embargo, que el diálogo sobre ese punto no comenzará hasta que se active el artículo 50 del Tratado de Lisboa, la formalidad que dará inicio a un periodo de dos años de negociaciones antes de que Londres abandone el bloque.

May espera que el Parlamento británico dé luz verde en las próximas semanas a la ley que le otorgará el poder constitucional para iniciar el brexit, lo que tiene previsto hacer antes de abril.

El documento publicado este lunes por The Guardian apunta además que será "difícil, si no imposible" alcanzar un acuerdo de transición para suavizar los efectos de la ruptura con la UE para el Reino Unido, como ha defendido la primera ministra.

"Creemos que un trato de ese tipo solo se puede adoptar por medio de un acuerdo internacional o un protocolo anexo a los tratados, lo que requeriría el visto bueno unánime de los Estados miembros y una ratificación en función de sus constituciones nacionales", señala en el informe el eurodiputado checo Pavel Svoboda. "Parece difícil, si no imposible, alcanzar un acuerdo como ese antes del periodo (de dos años) que prevé el artículo 50", afirma Svoboda.