La sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso Europa Press, anula la resolución que desestimó la reclamación de la empresa, tras el allanamiento del abogado del Estado.

Y reconoce el derecho de la empresa a que le sean abonados 11.465 euros más los intereses legales desde la fecha de interposición del recurso contencioso-administrativo, en septiembre de 2015, hasta su completo pago.

El fallo de la Audiencia Nacional, fechado el 19 de enero, es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.