Según publica este viernes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el plazo finalizará el 28 de febrero y en último término serán las Corts las que designen al responsable de la agencia, que depende de la cámara valenciana.

Los candidatos propuestos deberán reunir los requisitos y cumplir las condiciones que se establecen en la ley de creación de la agencia y los escritos de propuesta de candidaturas que se presenten deberán acompañar un curriculum vitae al que podrán adjuntarse los

documentos que en cada caso se estimen procedentes.

La ley determina que el director o directora será elegido de entre los candidatos "que gocen del pleno uso de sus derechos civiles y políticos y que cumplan las condiciones de idoneidad, probidad y profesionalidad necesarias para ejercer el cargo". Deberán estar en posesión de título universitario superior que resulte idóneo para las funciones atribuidas y deberá contar con más de diez años de actividad laboral o profesional relacionada con el ámbito funcional de la agencia. Asimismo, deberán tener la vecindad administrativa

de la Comunitat Valenciana.

Será elegido por el pleno de las Corts por mayoría de tres quintas partes y si no la obtiene se harán nuevas propuestas por el mismo procedimiento en el plazo máximo de un mes.

En cuanto a las incompatibilidades para ostentar esta dirección, la ley hace referencia a cualquier cargo representativo, así como a la condición de miembro del Tribunal Constitucional, Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, Consell Valencià de Cultura, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Comitè Econòmic i Social, Consell Jurídic Consultiu o de cualquier cargo designado por Les Corts, por el Congreso de los Diputados o por el Senado.

También menciona "cualquier cargo político o función administrativa del Estado, de las comunidades autónomas, de los entes locales y de los entes que están vinculados con estos o que dependan de estos, y también de los organismos o instituciones comunitarias internacionales", así como el ejercicio de cualquier actividad profesional, mercantil o laboral, el ejercicio en activo de la carrera judicial y fiscal, cualquier cargo directivo o de asesoramiento en asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro o la afiliación a cualquier partido político, sindicatos o asociaciones profesionales o empresariales.