Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al proceso, Ángeles Muñoz ha sido llamada a declarar para el 8 de marzo, día en el que también se prevé que declare Alejandra Pérez, responsable de una de las entidades perceptoras de fondos y que fue número dos de Juventudes Socialistas en la capital secundando a Cristian Menacho.

Igualmente, en dicha jornada declararán los diputados del grupo parlamentario de Podemos David Moscoso y Juan Moreno Yagüe, que son quienes firman la denuncia presentada en los juzgados. Se trata de una formalidad procesal, de modo que, según adelanta el diario ABC, la juez tiene que pedir a los denunciantes que refrenden el contenido del escrito presentado ante los juzgados.

Al respecto, el grupo parlamentario de Podemos considera que unos 30 trabajadores pagaron cantidades que rondan el 20 por ciento de su sueldo durante periodos de seis meses en los años 2015 y 2016. Según han detallado a Europa Press fuentes judiciales, la juez prevé llamar a declarar también al propio Cristian Menacho.

Cabe recordar que el ex secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en la capital cordobesa Cristian Menacho defendió en enero su inocencia ante dicho juzgado, tras declarar como investigado en su condición de presidente de la Asociación Jóvenes Hacia el Futuro, debido a la denuncia de dos trabajadores en relación al caso de las supuestas mordidas a desempleados en Córdoba.

PAGOS DE HASTA 500 EUROS

En concreto, la citación se produjo por la citada denuncia de los empleados, que ya han declarado ante la juez que tuvieron que pagar una mordida de 500 euros si querían ocupar el puesto de trabajo que financiaba la Junta mediante un sistema de ayudas finalistas y del que presuntamente se beneficiaron, además de la citada entidad, la Fundación Guadalquivir Futuro y Nuevo Guadalquivir, todas ellas de la zona sur de la capital.

En este sentido, por el momento solo se encuentra investigado Menacho, al referirse la denuncia de los dos trabajadores a la convocatoria del plan 'Emple@' del año 2014, con trabajos que se llevaron a cabo en el primer semestre de 2015.

LA INVESTIGACIÓN DE LA JUNTA

Mientras, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta realizó una investigación hace unos meses a instancias de la Inspección de Trabajo, que elaboró un informe de actuación sobre las tres entidades, en el que concluye que parte de la subvención recibida se ha destinado a un fin diferente al que marca la normativa: sufragar salarios de los trabajadores beneficiados y seguros sociales.

De este modo, el consejero del ramo, José Sánchez Maldonado, explicó que las tres fundaciones han sido sancionadas con un total de 46.251 euros por irregularidades, y tendrán además que reintegrar un total de 304.905,99 euros de las subvenciones a las que se acogieron.

Mientras tanto, los trabajadores de la convocatoria de 2015 intentan que se les devuelva el importe de las mordidas, hasta ahora sin éxito. De hecho, se ha celebrado el acto de conciliación previo a la interposición de un contencioso por la vía social y la empresa se ha negado a reconocer los hechos y ha asegurado que no tiene nada que devolver a los antiguos empleados que pagaron parte de sus salarios.