Tras semanas de controversia y sin entusiasmo, el Parlamento francés ha dado luz verde definitiva al proyecto de ley de 'control de la inmigración', que impone nuevas restricciones a la reagrupación familiar y que permite el sumamente polémico uso de test genéticos para probar la filiación materna.

El texto, consensuado por una comisión paritaria de las dos cámaras del Parlamento, fue adoptado por 282 votos a favor (del partido conservador UMP y cuatro de sus aliados del Nuevo centro) y 235 en contra (la oposición de izquierdas y algunos conservadores y centristas).

Es revelador que cuatro diputados de la UMP, partido del presidente francés, Nicolas Sarkozy, votaran en contra y otros 21 se abstuvieran. Es el voto más apretado para la UMP en años. Horas después, el Senado refrendó el texto que pasa ahora al Consejo Constitucional, ante el que socialistas, comunistas y Verdes ya han anunciado que recurrirán para anular el artículo sobre los test de ADN.

La controversia sobre la introducción de las pruebas genéticas dejó en la sombra el resto del proyecto de ley, elaborado por el ministro de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Codesarrollo, Brice Hortefeux, y que responde a la política de "inmigración escogida" del presidente francés, Nicolas Sarkozy, resuelto a reducir la inmigración familiar y a potenciar la laboral.

Según el texto aprobado, de forma experimental hasta finales de 2009, los candidatos a la reagrupación familiar en países con graves carencias en el registro civil podrán pasar un test genético para probar su filiación con la madre instalada legalmente en Francia. Se requerirá el consentimiento escrito del interesado y el visto bueno previo de un juez. El test será gratuito y el Comité consultivo de Ética analizará el decreto sobre el dispositivo.

Test de conocimientos sobre Francia

Por otra parte, el proyecto de ley estipula que los candidatos a la reagrupación familiar se someterán a un test de conocimientos de la lengua francesa y "los valores de la República" y, si suspenden, a una formación de hasta dos meses, antes de poder venir a Francia.

El inmigrante legal que quiera traer a su familia deberá tener ingresos laborales al menos iguales al salario mínimo. Los padres deberán suscribir un contrato de "acogida e integración" cuyo incumplimiento les expondrá a la suspensión de ayudas familiares.