Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al mes de mayo de 2016 cuando los dos acusados idearon una trama "con la que ganar dinero a costa de gente que quisiera alquilar una vivienda donde residir en Logroño". El plan consistía en rentar ellos previamente una vivienda, por el menor dinero posible, y a continuación proceder a arrendarla de nuevo a otros inquilinos recibiendo de ellos cantidades en concepto de señal, fianza y mensualidades.

De esta manera, los dos acusados alquilaron una vivienda en la calle Rey Pastor y, como la propietaria les exigía garantías económicas y laborales, los acusados elaboraron variada documentación mercantil "absolutamente mendaz" que tenía como finalizad acreditar "una solvencia inexistente". A tal efecto entregaron un contrato de trabajo y tres nóminas donde figuraba la acusada como empresaria y el acusado como trabajador pero "esos documentos no respondían a ninguna realidad".

Tras la firma del contrato, le entregaron a la propietaria una fianza de 440 euros y 220 euros en concepto de media mensualidad, la mínima cantidad exigible para hacerse con la posesión del piso. A partir de ahí "no se le abonó ni un solo céntimo más a la propietaria".

Posteriormente, los acusados anunciaron su piso en una web ofertándolo para alquiler. A partir de ahí recibieron diferentes solicitudes de personas interesadas y las gestionaron todas "simultáneamente" con el fin de obtener de todos los interesados

"dinero por diversos conceptos". Finalmente, se ha podido determinar que estafaron a cinco familias que pagaron dinero a los acusados por dicho alquiler.

Todas esas familias fueron engañadas e incluso una de ellas cuando llegó a incorporarse a la vivienda descubrió que en esa casa "ya vivía otra familia".

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil y otro delito continuado de estafa agravada. Además en uno de los acusados concurre la circunstancia agravante de reincidencia, por ello solicita la pena total de 9 años de prisión para los dos acusados.

Además, al acusado le piden 12 meses de multa a una cuota diaria de 8 euros y para ella, 10 meses de multa con una cuota diaria de 8 euros. También deberán indemnizar a las familias afectadas por cantidades que oscilan entre los 1.000 euros y los 2.200 euros. Finalmente, a la propietaria de la vivienda le deberán abonar 2.500 euros por el lucro cesante, daños y perjuicios materiales y morales.