Así ha quedado patente en la moción del grupo socialista que ha salido adelante en el Congreso de los Diputados sobre la aplicación de la regla de gasto a las entidades locales, con la que se hace un reconocimiento al mundo local y por supuesto a los más de 67.000 alcaldes que representan los municipios de este país, ha informado el PSOE en un comunicado.

En esta línea, González Bayo ha destacado que el objetivo es que "todos los acuerdos que se lleven a efecto en el Cámara Baja sean respetados por el Gobierno central", por tanto, le ha solicitado al ministro de Economía, Cristobal Montoro, que "lleve a cabo lo que se ha aprobado en materia fiscal por la mayoría de los partidos, y que ha sido rechazado por el PP", al objeto de que "efectúe una revisión del diseño y aplicación de la regla de gasto, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo de ciclo".

Del mismo modo, González Bayo ha apuntado que "la intención es que se revierta la gran injusticia que llevó a cabo el Ejecutivo de Mariano Rajoy con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como todas las disposiciones anteriores y posteriores que han ido recortando y poniendo en tela de juicio el principio de autonomía local". Por ello, el planteamiento incide en "modular la aplicación actual de esa regla de gasto en las entidades locales que presenten cuentas públicas saneadas".

Según ha remarcado la diputada socialista, "se trata de una ley que ha colocado a los ayuntamientos en una situación de desigualdad y servidumbre en relación al resto de administraciones del Estado". Por ello, "buscamos la complicidad del resto de los grupos para impulsar, desde esta nueva realidad parlamentaria, una nueva ley de bases de régimen local, que defina claramente las competencias municipales, y una nueva ley de haciendas locales que asegure una financiación.

Por otro lado, la diputada onubense ha trasladado que otras de las medidas que persiguen los socialistas es la de "equiparar los permisos de maternidad y paternidad, así como la igualdad salarial entre hombres y mujeres, fortalecer los servicios públicos y racionalizar los horarios, mejorar el empleo femenino y reducir la brecha salarial". Esta iniciativa fue aprobada también en el Congreso con el apoyo de todos los grupos y con el único voto en contra del Partido Popular.