El Gobierno ha dado luz verde este viernes al Real Decreto por el que se desarrolla la Ley de desindexación de la economía que desvincula la revisión de precios de bienes y servicios en el ámbito del sector público de la evolución del IPC. A partir de ahora, rentas, precios o tasas públicas solo se revisarán cuando varíen sus costes.

"Así la inflación no se traducirá inmediatamente en un aumento de los precios públicos", ha explicado el portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo, tras la reunión del Consejo de Ministros celebrada sin la presencia del presidente Mariano Rajoy, reunido en la cumbre europea de Malta.

Inicialmente presentada por el Gobierno en septiembre de 2013, la ley fue aprobada definitivamente tras su paso por las Cortes en marzo de 2015 pero su aplicación plena estaba pendiente de su desarrollo reglamentario, que es lo que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros.

El objetivo de la ley es evitar lo que se conoce como "efectos de segunda ronda", es decir, que una inflación disparada —la interanual en enero se disparó por ejemplo al 3%— se traslade permanentemente a los servicios, se dañe la estabilidad de sus precios y finalmente acabe afectando a la competitividad de la economía española.

Méndez de Vigo explica que la ley "no afectará a las pensiones, emisiones de deuda pública, ni a la negociación salarial", pero sí a los precios de concesiones administrativas como las autopistas, peajes eléctricos, la bombona de butano, el billete de autobús o metro, el agua, precios de medicamentos, las cuotas de abono de telefonía, las tarifas de Renfe o la línea de servicio público de transporte marítimo.

"Las modificaciones de estos precios dejarán de ser automáticas en función de la evolución de la inflación y sólo podrán variar cuando haya otras causas que hayan sido previamente justificadas y acreditadas", aseguran desde el ministerio de Economía.

Habrá tres excepciones: la electricidad, gas y butano —sus precios están ligados a la materia prima—, los contratos de larga duración del sector público que supongan una gran inversión y los contratos de arrendamiento del sector público. En estos casos, la indexación se realizará conforme a un índice específico sujeto a una estructura de costes basada en los principios de eficiencia y buena gestión empresarial.

"Los usuarios de servicios públicos no deben soportar los costes de prácticas empresariales que no sean las mejores del mercado", explica el ministerio de Economía. Por ejemplo, si una empresa subcontratada eleva su coste salarial, este alza no se podrá repercutir en los precios si el encarecimiento de la mano de obra es superior a la subida salarial de los empleados públicos de ese año.