A preguntas de la prensa sobre esta cuestión, el consejero ha confirmado que "en los próximos días" se reunirá con la FMC para escuchar sus reivindicaciones y trasladar las propuestas del Gobierno, que no pasan por cubrir el total de los salarios, ha avanzado.

Tras insistir en que el año pasado el Gobierno incrementó la aportación a la orden "de una manera sustancial" y en ambas categorías de contratación -este año se contemplan 26 millones en los Presupuestos Generales de Cantabria que podrían ser "algo más" porque el un gasto plurianual, ha dicho-, el consejero ha subrayado que la orden es de colaboración entre administraciones.

"Se trata de colaborar entre las administraciones públicas, no de que una administración, el Gobierno, pague el 100% de una competencia que no solo tenemos nosotros, sino que es para que los ayuntamientos ejerzan sus propias competencias con los trabajadores que nosotros les ayudamos a contratar", ha explicado.

Otra reclamación de la FMC es "afinar" el proceso de selección de los candidatos, que en este caso sí está dispuesto a atender el titular de Economía aunque ha advertido que hay colectivos que son "prioritarios a la hora de contratar", los de mayor dificultad de empleabilidad, dado que la orden cuenta con financiación del Fondo Social Europeo, que así lo exige.

Con todo, Sota ha recordado que la orden no puede entrar en vigor hasta que no se apruebe el PGC de 2017.

RESPUESTA A MAZAS

Por otra parte, el consejero ha querido salir al paso de las declaraciones realizadas ayer por la portavoz de Economía del PP de Cantabria y exconsejera del ramo, Cristina Mazas, quien considera "muy preocupante" que la deuda y el déficit de Cantabria se hayan "disparado" en 2016 pese a los "recortes" que, según ha asegurado, ha realizado el Gobierno PRC-PSOE por importe de 46 millones.

Para Sota "no es muy entendible" un planteamiento así de la anterior responsable de Economía, y ha recordado que el año pasado el Gobierno tuvo que hacer frente al mandato del Parlamento de abonar la mitad de la paga extraordinaria de 2012 que eliminó el PP a los funcionarios, lo que supuso un desembolso de 20 millones.

El "resto de la retención no tiene que ver con supuestos recortes", ha aclarado, explicando que son "sobrantes" procedentes de subvenciones que no se concedieron "al 100% y de adjudicaciones de obras a la baja.

"Con ellas se creó esa nueva disponibilidad que a final de año sirve para hacer frente a gastos de farmacia y sanitarios, que son los que se disparan normalmente en Cantabria y afectan al déficit regional".