La Junta destaca que está para "ayudar" y "advertir" sobre Rabanales 21

La Junta destaca que está para "ayudar" y "advertir" sobre Rabanales 21

La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafaela Crespín
La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafaela Crespín (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
  • La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, se ha referido este jueves al cambio de uso que en el planeamiento urbanístico de la capital cordobesa se pretende para Rabanales 21 y ha subrayado que en este asunto la Junta de Andalucía interviene para "ayudar" al Ayuntamiento de Córdoba y para "advertir" que lo que se pretende, tal y como ahora se plantea, va en contra del propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Crespín ha explicado que "a la Junta cada vez que le ha llegado algún tipo de expediente para informar", como es el caso, ha emitido su informe, que en este caso es "preceptivo y no vinculante", haciéndolo "acorde a la Ley y rápido", advirtiendo, respecto al proyecto municipal de permitir un nuevo uso (comercial) del suelo en Rabanales 21, que "el propio PGOU de la ciudad no permite el desarrollo de ese proyecto en esa zona".

Crespín ha señalado que el Grupo Municipal del PP, tal y como ya ha indicado la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, quiere ahora que se dé por buena "la tramitación de una innovación (del PGOU) que se inició en su mandato (municipal), ignorando la legalidad", poniendo ahora "al actual equipo de gobierno (de PSOE e IU) en la tesitura de aprobar indebidamente, sin estar conforme a la legalidad", un nuevo planeamiento para Rabanales 21.

Por eso, la delegada ha hecho un llamamiento para hacer las cosas "bien" y para "resolver lo que tengamos que resolver", con el fin de hacer posible el proyecto que, "legítimamente, se ha propuesto el Ayuntamiento", y en este contexto la Junta "está aquí para ayudar y para advertir, pero, sobre todo, para ser garante" de la legalidad.

Crespín ha dicho entender que el procedimiento legal establecido puede ser "lento y que, a veces, conlleva mucha complejidad", pero las administraciones públicas son las primeras que han de cumplir "las propias normas de las que nos dotamos" y procurar que éstas "sean lo más justas posibles para todos", teniendo todos, según ha insistido, "la obligación de cumplirlas".

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