Con la constitución de una subcomisión en el Congreso de los Diputados ha arrancado esta semana el proceso para alcanzar entre todos los grupos políticos un acuerdo para un pacto de estado sobre violencia de género. En la primera reunión de esta subcomisión, que depende del área de Igualdad, se han dado cuatro meses para escuchar a 60 expertos y expertas y redactar las medidas necesarias para atajar todas las violencias machistas.

"Comparecerán 6 expertos por semana y esperamos poder empezar después del 15 de febrero. Vamos muy ajustadas de tiempo, con lo que la propuesta, el documento con los acuerdos de todos los grupos para que el Gobierno empiece a negociar con las Comunidades Autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, entre otros, no estará antes de los primeros días de junio", adelanta Ángeles Álvarez, la responsable del área de Igualdad del PSOE.

Las portavoces de los grupos en la nueva subcomisión han arrancado una labor "compleja" conscientes "de que tenemos que hacer un esfuerzo para centrarnos en este trabajo", ha añadido Álvarez, cuyo grupo espera poder no solo corregir las deficiencias y malas praxis de la ley de violencia de género, "sino hablar de todo lo que tiene que ver con prevención, seguridad, justicia, reparación del daño y evaluación de todas y cada una de las violencias que sufren las mujeres, ya sea en la pareja, agresiones sexuales, trata y prostitución, mutilación, matrimonios forzados, acoso laboral...".

Los grupos han coincidido en destacar que la subcomisión arranca con un ambiente "cordial, participativo y esperanzador" que requiere un tema considerado "prioritario".

En declaraciones a EFE, la portavoz adjunta del área social del PP, Marta González, ha subrayado que los trabajos están dirigidos a "revisar por completo" la legislación en materia de violencia de género para identificar todo aquello que no está funcionando adecuadamente.

Por su parte, desde Unidos Podemos, la parlamentaria de En Marea Ángela Rodríguez ha señalado que es "fundamental" el acuerdo y que por eso "aquí tenemos que estar todos a una". Rodríguez reconoce que hay en el seno de la subcomisión una discrepancia principal respecto a los recursos y ha reclamado por eso garantías para que los acuerdos no se conviertan en "papel mojado".