Tras el dictamen del Consejo Jurídico, que declara la nulidad del proyecto de Puerto Mayor, junto al puente del Estacio en La Manga del Mar Menor, por "haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello", la consejera del ramo ha señalado que "el Gobierno emitirá una resolución para declarar su nulidad". Ese es el siguiente paso, ha declarado, "y posteriormente, avanzar en ese proyecto que sea sostenible y generador de empleo".

Arroyo ha insistido, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en que "el objetivo del Gobierno ha sido siempre desarrollar un proyecto que sea sostenible" y "eso lo ha dicho el presidente de la Comunidad como el consejero de Fomento en el último año".

La única novedad, ha indicado, recordando que el consejero de Fomento no ha participado en la reunión del Consejo de Gobierno de este viernes, "es que una vez conocido ese informe, ahora tiene que resolverse el procedimiento de nulidad y que seguiremos abordando el proyecto de Puerto Mayor desde una manera sostenible".

Al hilo, Noelia Arroyo ha subrayado que "este es un Gobierno en el que las políticas medioambientales ocupan una lugar preferente, y en esa línea seguiremos trabajando", pero "no hay novedad, en tanto en cuanto se está analizando todo el informe del Consejo Jurídico y se está iniciando ahora el procedimiento para la resolución de la nulidad".

En concreto, el Consejo aprobó por unanimidad el dictamen que preceptivamente se le había solicitado sobre la 'revisión de oficio de la Resolución del Director General de Carreteras y Puertos, de 16 de diciembre de 1988, por la que, en relación con la concesión administrativa a PUERTOMAYOR S.A., se amplió el plazo de ejecución del puerto deportivo y se aprobaron modificaciones del proyecto', cuya deliberación se inició el día 16 y continuó el 23, ambos de este mes de enero.

En este sentido, el Consejo dictamina favorablemente la revisión de oficio propuesta y concluye que procede declarar la nulidad de pleno derecho de la resolución de 16 de diciembre de 1988, del director general de Carreteras y Puertos, pues "está afectada por la causa de nulidad establecida en el artículo 47.1, c) de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958".

Esto quiere decir, aclara el Consejo Jurídico, que se dictó "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello".