El Observatorio Ciudadano Anticorrupción (OCAN) ha presentado un escrito en el que expresa su oposición a la petición de Tudela Veguín (Grupo Masaveu) de archivar el caso de las supuestas irregularidades en las obras de ampliación de El Musel, en el que se trata de dilucidar si hubo fraude en el pago del impuesto de sociedades y del IVA por parte de la cementera.

Para OCAN, al contrario de lo que sostiene Tudela Veguín, el caso no está prescrito al tratarse de un delito fiscal continuado, y por ello sujeta la prescripción a la del último de los delitos consumados. El impuesto de sociedades se tenía que haber declarado en julio del año 2011, por lo que no tiene sentido hablar de prescripción.

Ha recordado que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó ampliar la investigación por un presunto delito tributario, por Auto de 20 de mayo de 2016, es decir, dentro de los 5 años que legalmente permiten investigar estos delitos.

Además, el OCAN ha solicitado una prueba pericial para conocer exactamente qué obras "en B", según ellos, se habrían llevado a cabo, favoreciendo supuestamente a la empresa de los Masaveu, a su juicio.

En ese sentido, el presidente de OCAN, José Ángel Gayol, ha advertido de que no van a consentir "que quien ha defraudado a los asturianos, pueda marcharse impunemente", ha incidido. Según Gayol, la empresa cementera del Grupo Masaveu está siendo investigada fundamentalmente por dos delitos: en primer lugar, "por delito contra la Hacienda Pública, al haber presuntamente percibido bienes y servicios por importe de 80 millones de euros, por los que no se practicaron las oportunas liquidaciones de IVA y Sociedades".

Y en segundo lugar, "por el propio fraude en la ampliación del Puerto, en el que varias empresas pudieran haberse concertado para la defraudación". Ahora han pedido el sobreseimiento de la investigación, pero no lo vamos a aceptar", ha señalado.

"Hay quien quiere librarse de los delitos alegando prescripciones, cosa que nos repugna, pero además es falso", ha enfatizado. Además, Gayol ha asegurado que los Masaveu "no sólo eludieron el pago del impuesto de sociedades en el año 2009 (año que usan como base para reclamar la prescripción) sino también el del año 2010", porque como señala Fiscalía y Abogacía del Estado parte de las obras defraudadas y no declaradas habrían tenido lugar durante ese 2010, que se liquida en el año 2011, "por lo que la investigación se inició dentro del plazo, y a nuestro juicio no tiene ningún sentido reclamar la prescripción", ha aclarado.

Por otro lado, Gayol ha indicado que "no es cierto que el precio del cemento estuviera dentro del precio del mercado". A este respecto, ha llamado la atención sobre cómo es posible que el cemento en la ampliación del Puerto de A Coruña costaba diez euros menos por tonelada que en la ampliación de El Musel.

"Lo que parece claro es que hubo 250 millones en sobrecostes causados principalmente por un tremendo sobreprecio que parece que benefició, presuntamente, a la empresa amiga de Javier Fernández -presidente del Principado-, a la que les dio la Medalla de Oro de Asturies, semanas después de ser imputados en este caso", ha sostenido.

Además, ha advertido de que "quieren parar las investigaciones judiciales porque les resulta incómodo que la gente les pida cuentas". "No lo van a conseguir", ha augurado, para después recalcar que si acudieron a la Audiencia Nacional es "para que se haga justicia en el Musel", ha destacado.