El Gobierno de Estados Unidos permitirá la entrada de 872 refugiados al país, una excepción a la orden ejecutiva firmada del pasado viernes por el presidente Donald Trump, informó este martes el director interino del Agencia de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), Kevin McAleenan.

Estas exenciones de viaje se producen tras la decisión del presidente, Donald Trump, de suspender indefinidamente la entrada de los refugiados procedentes de Siria, por 120 días la del resto de refugiados y por tres meses a los ciudadanos con visado procedentes de Libia, Siria, Irán, Irak, Somalia, Sudán y Yemen, países de mayoría musulmana.

Esta medida ha generado caos en los aeropuertos estadounidenses durante el fin de semana y provocado numerosas manifestaciones de protesta en todo el país.

Todavía no se ha dado a conocer la nacionalidad de los solicitantes de asilo que llegarán al país estadounidense durante esta semana.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de EE UU, John Kelly, insistió este martes en que la decisión de impedir la entrada a refugiados y a ciudadanos con visados de siete países de mayoría musulmana no es "una prohibición de viaje, si no que es una pausa temporal".

"Queremos ver a estos países salir de esta lista. Pero ahora mismo no tienen un robusto sistema de aplicación de la ley", precisó Kelly.  Asimismo, el secretario de Defensa Nacional rechazó que desconociese el contenido de la orden ejecutiva hasta que fue firmada por Trump y se limitó a asegurar que "corregirán errores de interpretación"

"Esto no es una prohibición de viaje a musulmanes. Es una pausa temporal que nos permite revisar el sistema de examen de refugiados y visados", remarcó Kelly en una rueda de prensa en Washington. El nuevo secretario de Seguridad Nacional insistió en que la orden ejecutivabusca proteger "las vidas de los estadounidenses".

En este sentido, explicó que la expresión "escrutinio extremo", utilizada por Trump para justificar una revisión destinada a evitar que "terroristas islámicos radicales" ingresen al país, podría incluir un exhaustivo control de las comunicaciones, visitas en internet e interacciones en redes sociales de los peticionarios de asilo, algo que están evaluando las autoridades.

Esas medidas, de aprobarse, se aplicarían una vez finalice la determinación de 120 días que ha llevado a la suspensión de todo el programa de acogida de refugiados de la primera potencia mundial y a detener durante 90 días la emisión de visados para ciudadanos de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.

"No voy a jugar con las vidas de los estadounidenses", aseguró Kelly para justificar la medida, que ha sido criticada por ser indiscriminada y afectar a personas que piden acogida por razones humanitarias y a musulmanes.

En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, aseguró que no es una medida "extrema, sino razonable y necesaria" y responsabilizó a la prensa por crear "confusión" al informar sobre la descoordinación entre agencias federales y el Ejecutivo para aplicar la orden.

Por su parte, Kelly negó que la ejecución de la medida hubiese provocado el caos en aeropuertos de todo el mundo, donde viajeros con la documentación apropiada no pudieron embarcar en los aviones; o en Estados Unidos, donde se detuvo durante horas a residentes permanentes sin acceso a consejo legal.

El comisionado en funciones de la Agencia de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), Kevin McAleenan, aseguró que las autoridades de inmigración tomaron "medidas inmediatas" para que se aplicara el decreto de Trump sin violar los derechos de los viajeros y se pudieran emitir exenciones en determinados casos.

McAleenan reconoció que las instrucciones para aplicar el decreto ley de Trump se implementaron cuando el sábado ya había viajeros atrapados en las garitas de aduanas de los aeropuertos o personas con billetes y visados que fueron rechazadas por aerolíneas, algo que aún intentan subsanar.

El secretario de Seguridad Nacional aseguró que las 109 personas que la Casa Blanca, hasta este lunes, aseguró que habían sido afectadas o detenidas injustamente por la mala aplicación del decreto era una cifra de un "estadio muy temprano" en las primeras horas de aplicación de la normativa.

"Negamos el embarque a 721 viajeros que disponían visados desde los países afectados, pero procesamos también exenciones para 1.060 residentes permanentes legales, así como 75 para personas con visado de inmigrante y no inmigrante", detalló Kelly.