Según fuentes jurídicas cercanas al caso, la Audiencia Provincial de Salamanca también le ha impuesto una multa de 5.000 euros.
El condenado, J.M.E.V., fue detenido en marzo de 2005 por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de cohecho y otro de falsificación de documento público.
El acusado reconoció durante la vista oral celebrada el pasado 8 de octubre haber recibido hasta en tres ocasiones 6.000 euros por falsificar los empadronamientos.
Los hechos se produjeron después del anuncio del Gobierno de regularizar a todos los inmigrantes que estuvieran empadronados en España antes de agosto de 2004.
Esto provocó que el secretario, en conexión con bandas mafiosas que actuaban en otros lugares, como Valladolid, Palencia, Murcia o Almería, falsificara los empadronamientos para expedirlos en fechas anteriores a agosto de 2004.
Los tres testigos de la Policía Nacional que investigaron el caso aseguraron durante el juicio que llevaron a cabo, en presencia del juez que autorizó el registro del Ayuntamiento, una prueba con el programa informático del padrón donde se demostró que las fechas se podían modificar fácilmente.
Los tres agentes aseguraron que en el registro del despacho de la secretaría también encontraron un sobre con 6.000 euros en un cajón sin que figurara en la contabilidad municipal y otro sobre con 5.000 euros en la mesilla de la habitación de matrimonio de la vivienda del secretario en Fuentes de Oñoro, localidad fronteriza con Portugal, donde en aquel entonces figuraban 400 inmigrantes censados, todos de nacionalidad marroquí.
Los empadronamientos los expedía el secretario con domicilio en viviendas de Fuentes de Oñoro, muchas de ellas deshabitadas y otras en números de calles donde no existían casas.
Según los testigos, las viviendas se encontraban en las calles Buen Alcalde y General Mola, donde figuraban como censados en cada casa hasta 50 personas de nacionalidad marroquí.
En este proceso también fueron acusados tres hombres de nacionalidad marroquí, que han quedado absueltos según la sentencia emitida por el juez de la Audiencia Provincial de Salamanca.
En la actualidad, el funcionario condenado en 2005 seguía trabajando en labores administrativas en el mismo Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro.
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