Desde Protección Civil se ha informado y remitido a todos los consistorios de la provincia el documento que desarrolla lo acordado en el seno del Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes, y que establece un nuevo marco legal para solicitar y tramitar de forma urgente las ayudas paliativas necesarias tras las fuertes lluvias de diciembre, que afectaron a una treintena de localidades malagueñas, entre otras urgencias acaecidas en territorio nacional.

Este nuevo decreto, según han informado en un comunicado, beneficia especialmente a los consistorios ya que, según establece su artículo 5 sobre régimen de ayudas a corporaciones locales, "se abonará a los ayuntamientos el 100 por cien de los gastos de emergencia", cuyas ayudas se están tramitando actualmente, ha explicado el subdelegado.

Son actuaciones de emergencia aquellas destinadas a garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, y que suelen acometerse inmediatamente después del suceso y de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia.

INFRAESTRUCTURAS

Además, el artículo 6 del nuevo decreto-ley, referido a las actuaciones sobre infraestructuras (no de emergencia), prevé que se podrá conceder una subvención de hasta el 50 por ciento del coste de las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal.

Estas subvenciones, no obstante, se atenderán con cargo al crédito que a estos efectos se habilite y aún debe establecerse el procedimiento para la concesión de las mismas por parte del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

En global se amplía el plazo para seguir presentando daños y reclamaciones, ya que se abre un nuevo período de dos meses desde la publicación en el BOE del citado Real Decreto-ley.

COMPROMISO Y CELERIDAD

Por otro lado, el subdelegado del Gobierno en Málaga ha destacado el compromiso del Estado con las provincias afectadas en todo el territorio por diversas circunstancias que han llevado a declarar numerosas zonas como afectadas gravemente por una emergencia de protección civil.

Los graves daños generados, en este caso en la población de Málaga, con casi una treintena de municipios afectados, "determinan la extraordinaria y urgente necesidad de la aplicación de las medidas contenidas" en el acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre, "al que se ha dado respuesta con celeridad para poder complementar las peticiones de ayudas", según Briones.

El decreto regula las ayudas destinadas a paliar daños personales, en viviendas y enseres, en establecimientos industriales,

mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios, en explotaciones agrícolas y ganaderas, y por prestaciones personales o de bienes de personas físicas o jurídicas.

Pero, además, se incluyen beneficios fiscales como la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas, la supresión de tasas de la DGT en determinados trámites y la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias, entre otras medidas.