En la queja al Defensor, a la que ha tenido acceso Europa Press, ésta lamenta que estas denuncias, "ambas referidas a la investigación y resoluciones jurídicas en España sobre el robo de bebés, hayan quedado sin respuestas por la mala gestión administrativa".

En la misma, solicita "explicaciones por lo sucedido con esta documentación que no aparece registrada en el PE, habiendo sido enviadas en 2014 con acuse de recibo confirmado". Del mismo modo, Ornedo asegura que, antes de elevar esta queja, elevó otra al Parlamento, tras denunciar su caso concreto por el supuesto robo de su hermana nada más nacer en 1968, y le comunicaron que en la Cámara europea "no rezaba nada, que no había ninguna documentación" al respecto y que "la enviara de nuevo".

"Me parece muy fuerte todo porque son denuncias distintas, con un mes de diferencia, y no aparecen ninguna de las dos. Mi temor es que esa documentación se haya extraviado tras casi tres años y yo no sé en qué manos está. ¿Qué ha ocurrido?", se pregunta Ornedo.

A su vez, en su respuesta, la oficina del Defensor del Pueblo Europeo le indica que para que la entidad "pueda iniciar una investigación, la reclamación deberá presentarse en un plazo de dos años desde que el promotor de la misma tuvo conocimiento de los hechos que la motivaron", por lo que considera que esta reclamación "está fuera" del límite de este tiempo, ya que se elevaron en marzo y abril de 2014. Al respecto, Ornedo asegura que ella esperaba "una respuesta del propio Parlamento que finalmente nunca llegó y acudió al Defensor".

En la citada denuncia al Parlamento, Ornedo exponía que había sido "víctima del tráfico de seres humanos que comenzó en el régimen anterior y ha continuado en Democracia hasta nuestros días, al haber sufrido la presunta detención ilegal o robo o sustracción de su hermana en el Hospital Manuel Lois de Huelva".

También señala que, interpuesta la correspondiente denuncia en los tribunales, ha quedado patente "el desinterés absoluto del Estado español en el asunto, a pesar de existir pruebas o al menos indicios de la comisión de los delitos que se denuncian", lo que está haciendo con "absoluta indiferencia" al derecho a la tutela judicial efectiva y a la indefensión de máximo grado que pudiera producirse a los denunciantes, misma cuestión que señala en la denuncia colectiva.

A su juicio, todo ello no tiene más explicación que "la enorme responsabilidad patrimonial" que para el Estado puede derivar del reconocimiento de la comisión de delitos de lesa humanidad, "cual es el robo masivo de niños en hospitales públicos en nuestro país" o la relación de parentesco de hasta primer grado de médicos y otros sanitarios implicados "en estos crímenes atroces, con políticos de primera fila de este país".

Además, tanto en el presente caso como en las decenas de miles de ellos que están surgiendo en España, señala, "se ha negando sistemáticamente la documentación por parte de las administraciones competentes, bien no entregando la misma, bien entregándola incompleta o alegando estar destruida por incendios e inundaciones".

LOS HECHOS

Del mismo modo, Esperanza Ornedo recordó los hechos que denuncia y asegura que al llegar al hospital la noche de ese día, tras romper aguas, dejaron a su madre en una camilla en el pasillo del hospital y cuando esta matrona se da cuenta de que está de parto, "la lleva a una habitación a solas y, tras dar a luz a una niña a la que vio hermosa, grande y sana", la matrona se la lleva y horas más tarde llegó una persona si identificar para informarle del fallecimiento de este bebé.

Ornedo indica que el personal sanitario no dejó a la familia ver el cuerpo y que el médico que firmó el legajo de aborto, que no asistió a esta mujer, señala que "atendió un aborto de apenas seis meses de gestación".