A grandes rasgos, el Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2017 cuenta con 59,51 millones de euros, de los que 28,6 millones (48,08% del total) son aportados por la Junta de Andalucía; 24,9 millones (41,86%), por la Diputación; 5,6 millones (9,48%), por los municipios, y 339.336 euros (0,57%), por el Estado.

De tales 59,51 millones de euros, los gastos destinados a los servicios sociales comunitarios que prestan los ayuntamientos a través de más de 370 trabajadores en la materia copan más de 43,3 millones; mientras los servicios sociales especializados cuentan con una previsión de gastos por 7,37 millones de euros, las aportaciones al coste estimado del personal del área suman casi dos millones de euros y las aportaciones a los programas de los ayuntamientos casi 5,65 millones de euros.

Después de que la edición 2016 de este plan arrojase unas 145.000 intervenciones, la de 2017 aspira a atender a 168.000 personas de los 104 municipios de la provincia. Para ello, los programas y medidas abarcados por el plan prevén generar 8.195 contratos; en concreto 4.039 profesionales contratados de forma directa, -principalmente 3.604 auxiliares del servicio de ayuda a domicilio-, más 4.156 contrataciones temporales derivadas del Plan de Urgencia Municipal, gracias al cual los ayuntamientos contratan a personas en riesgo o situación de exclusión social. Todo ello, según el Gobierno provincial socialista, centrándose especialmente en la atención de las localidades de menos de 20.000 habitantes.

Durante el debate plenario, el diputado de Participa Sevilla, Julián Moreno, ha reconocido el "importante esfuerzo" de la institución en este plan de actuaciones, llamando a "seguir profundizando" en las políticas sociales, idea que ha compartido el diputado de Ciudadanos, Javier Millán.

LOS "GASTOS REALES" DE LOS AYUNTAMIENTOS

Por IU-CA, Manuel Begines ha sido especialmente crítico con el contenido del plan, avisando de que los "gastos reales" que recaen en los ayuntamientos van mucho más allá del 9,48 por ciento de la inversión planificada en el conjunto del plan. Y es que según el diputado de IU-CA, los ayuntamientos acaban sufragando "el 43 por ciento" de los costes de los equipos básicos de los servicios sociales comunitarios. "Hay una excesiva carga financiera para los ayuntamientos", ha dicho, avisando además de que "se echan en falta servicios en materia de inmigración".

Y desde el PP, primero Isabel Díaz y después Virginia Pérez, han avisado de que se trata de un plan "continuista y bastante mejorable". "Debería ser más generoso", han demandado las populares, señalando por ejemplo que "han bajado" las partidas destinadas al plan extraordinario de garantía alimentaria y criticando que aún no haya sido reutilizada la residencia de mayores de Cazalla de la Sierra, perteneciente a la institución provincial. Y es que aunque el plan, según el documento recogido por Europa Press, recoge su redenominación como "centro multifuncional" y su adscripción a los "programas comunitarios", el PP avisa de que "desde 2013" se conocía que estas instalaciones iban a quedar sin uso.

Frente a tales críticas, la socialista Lidia Ferrera, diputada de Cohesión Social, ha advertido de que el plan contaría con más partidas y actuaciones "si el Estado aportase lo que le corresponde", recordando que sólo inyecta 339.336 euros a este programa. El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha negado de su lado que el plan reclame demasiada financiación a los ayuntamientos. "Si los ayuntamientos son sensibles, que lo son, ponen sus propias cantidades" más allá de las ya previstas, según ha dicho, defendiendo por último que la residencia de Cazalla va a ser "puesta en carga".