Tribunales.- Rafael Gómez supuestamente realizó "un reparto encubierto de beneficios", según peritos

  • Inspectores de Hacienda que han declarado este miércoles en el juicio contra el empresario, fundador de Unión Cordobesa (UCOR) y exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Gómez, y sus cuatro hijos acusados de supuesto impago de unos 53 millones de euros en impuestos, han manifestado que supuestamente realizó "un reparto encubierto de beneficios" en alguno de los ajustes de la declaración del IRPF de 2004, como en la venta de la finca La Porrada de Gómez y su esposa a una sociedad del grupo, con "sobreprecio" de unos siete millones de euros.
Rafael Gómez con su mujer a la salida de juzgados
Rafael Gómez con su mujer a la salida de juzgados
EUROPA PRESS
Rafael Gómez con su mujer a la salida de juzgados

Durante la última sesión con los peritos en el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba, que este jueves verá los informes finales de las partes, los citados inspectores han ratificado sus dictámenes recogidos por el fiscal sobre el referido impuesto en distintos años.

Además, han advertido de "una aplicación manifiestamente incorrecta de la normativa tributaria", después de que "la operación principal" en parte de los casos era la retirada de fondos durante el año, sin conocimiento de quién lo hacía, y la deuda "se encubría con ventas".

Frente a ello, los peritos de la defensa han apuntado que el informe de valoración que realiza Hacienda sobre la operación con la finca es "nula de pleno derecho", porque "no se ha visitado" la propiedad, a lo que han añadido que la operación está vinculada entre "socio y sociedad", pero "los ajustes los tiene que hacer la Agencia Tributaria".

También, han indicado que en la declaración de IRPF de 2005 "hay un error de la liquidación que hace el asesor fiscal", pero han defendido que "ha declarado de acuerdo con la ley" y que "no hay ocultación absolutamente por ningún lado del hecho imponible".

Igualmente, en la sesión se ha abordado la declaración del impuesto de sociedades referida a Arenal 2001 SL, donde los inspectores de Hacienda han señalado a "una manifiesta ocultación" en una operación con esculturas de granito con "más de tres millones de euros no ingresados".

Asimismo, han ofrecido una visión global de los delitos analizados en la sala durante el juicio, donde "se pone de manifiesto de manera reiterada el desorden administrativo y patrimonial" y con "un conjunto de conductas tendentes a la defraudación tributaria", partiendo de "la multitud de operaciones intragrupo".

Mientras, los peritos de la defensa han calificado como "absolutamente improcedentes" las consideraciones de los inspectores, y han mostrado su desacuerdo en que se crearan sociedades con el fin de defraudar, al tiempo que han reprochado que "se trata de crear un clima de confusión sobre defraudación".

UNOS 53 MILLONES

En concreto, el empresario se enfrenta a penas que suman 40 años de prisión, tras la retirada del fiscal y la abogada del Estado de una acusación de uno de los delitos sobre el impuesto de sociedades del año 2005, por "un error material", de modo que lo acusan de diez delitos contra la Hacienda Pública, tras el supuesto impago de unos 53 millones de euros en impuestos durante unos cuatro años supuestamente por él y sus cuatro hijos.

Por otra parte, acusan a los cuatro hijos de la supuesta comisión de siete delitos fiscales -antes ocho-, pidiendo para cada uno penas que suman 19 años y tres meses de cárcel. La actuación se inició por diferentes denuncias de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y un decreto de la Fiscalía Provincial de junio de 2009.

Como se recordará, Rafael Gómez manifestó ante el juez que no sabe de temas de contabilidad y que en sus empresas firmaba lo que le ponían por delante los asesores y trabajadores de la oficina, al tiempo que apostilló que no sabe qué es el IRPF.

Tras esgrimir que no tiene "ningún estudio", ha mantenido que "en ningún momento" se reunió el consejo de administración de las sociedades, ni celebró alguna reunión familiar para abordar las cuentas de sus empresas, así como que "en ningún momento" se metió en temas de contabilidad, porque "no entiendo", han sido sus palabras.

De igual modo, ha detallado que llevaba una empresa de joyería y por "las circunstancias" del momento impulsaron empresas constructoras, con las que hicieron "grandes proyectos", porque, ha agregado, "yo veía las cosas claras", al tiempo que los hijos le "ayudaron", según ha relatado Gómez, quien ha apuntado que sus hijos "no saben ni se han ocupado" de los temas de contabilidad.

También, ha explicado que "nunca" han repartido beneficios, sino que se dedicaban a que "la empresa creciese, crease el mayor número de empleos y que fuese bien", ha indicado el empresario, quien ha valorado que han hecho "cosas maravillosas para las personas de este mundo", a través de la construcción.

En relación a los hijos, han declarado que desconocían los temas de contabilidad, porque hacían "lo que los profesionales decían", de modo que confiaban en dichos profesionales que les ponían papeles por delante para firmar, al tiempo que han destacado que el nivel de vida era "normal", con sus casas con hipoteca, entre otros aspectos. La madre fue llamada por el juez, ante la responsabilidad civil que pudiera tener, por "haber disfrutado de beneficios", precisó el magistrado, aunque no declaró al ratificarse en su testimonio de la fase de instrucción.

DURANTE CUATRO AÑOS

Los delitos supuestamente se cometieron entre los años 2003 y 2006 a través de las empresas Arenal 2000, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF). Las cantidades presuntamente defraudadas en cada uno de los diez casos por los que se le acusa irían desde 690.000 euros a 25,5 millones.

Como resultado de los impagos, se ordenó el embargo preventivo de propiedades de la familia, entre ellas la sede de Arenal 2000, junto a las naves que construyó sin licencia en 2005 en Córdoba y que le han supuesto una multa de 20 millones de euros a Gómez, quien fue condenado en el caso 'Malaya' por delito de cohecho activo y se le impuso la pena de seis meses de prisión, sustituida por multa de 3.600 euros, y una multa de 150.000 euros, en este caso con la fijación de un calendario de pago.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento