En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez condena a la exprimer edil a seis meses de prisión y a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público consistente en labores municipales o que se refiera a la concesión de licencias por un delito de prevaricación urbanística con la atenuante de dilaciones indebidas.

La juez considera probado que, el 26 de octubre de 2007, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento concedió una licencia de obras a una empresa promotora para la edificación de 30 viviendas unifamiliares, no obstante lo cual, y "sin ejecutar aquellas", la referida promotora solicitó en enero de 2009 licencia de obras para construir en el mismo lugar, "no las 30 viviendas antes autorizadas", sino 82 viviendas, todo ello "con un proyecto totalmente diferente a lo autorizado hasta esa fecha".

Esta solicitud contó con los informes "desfavorables" del secretario y el arquitecto municipales, quienes "advertían" a la acusada de que el aumento de edificabilidad solicitado en ese momento por la promotora "requería de la modificación" de las normas subsidiarias de planeamiento en vigor en la localidad y su adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Pese a la "claridad" de los informes técnico y jurídico advirtiendo de la "imposibilidad" de conceder la licencia de edificación de las viviendas, y "consciente de la manifiesta injusticia de otorgar la licencia", la entonces alcaldesa concedió en febrero de 2009 la licencia para construir las 82 viviendas referidas por "la urgente necesidad de viviendas de VPO y la situación económica" del municipio y del sector de la construcción.

"Ello sin más justificación de esa afirmación, carente de respaldo legal o reglamentario", asevera la juez, que considera que la licencia de obras otorgada "es claramente contraria a la normativa de planeamiento" al tratarse de suelo urbano no consolidado, no obstante lo cual la licencia "irregular" caducó y, salvo unas obras de urbanización, las obras de las viviendas "no se han llevado a cabo".

El pleno municipal, en sesión de 12 de julio de 2012 y una vez detectado el delito cometido por la acusada, revisó de oficio la licencia "ilegal" descrita y la restauración del suelo a su estado compatible con la legalidad.