La UE investiga a España por irregularidades en la gestión de especies en peligro de extinción

  • El Parlamento Europeo admite a trámite la denuncia de Proyecto Gran Simio sobre el Real Decreto que regula el destino de los especimenes decomisados.
  • La organización considera que la ley contradice los convenios europeos y no protege a las especies en peligro de extinción.
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Bonobos.
Bonobos.
JEFF MCCURRY / PROYECTO GRAN SIMIO
Bonobos.

La Comisión de Peticiones de la Unión Europea, una vez examinada la denuncia interpuesta por Proyecto Gran Simio por diversos artículos del Real Decreto 1333/2006, ha considerado que la petición presentada por esta organización en junio de 2016 cumple los requisitos de admisión a trámite, ya que se trata de un asunto que incide en el ámbito de las actividades de Unión Europea.

Proyecto Gran Simio denunció ante el Parlamento Europeo que Real Decreto que regula el destino de especímenes amenazados incautados en España, infringía la normativa internacional sobre la Convención del Comercio Internacional de especies amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre (CITES).

En su artículo 8 el decreto establece que "podrá aplicarse la eutanasia" o "la destrucción del espécimen vegetal", "en el caso de que sea imposible o inadecuada la reintroducción del espécimen al medio silvestre", así como "su mantenimiento en cautividad o su donación para fines de investigación", además de los casos en lo que el espécimen padeciera una "enfermedad incurable, crónica o infecciosa".

Desde Proyecto Gran Simio señalan que según este artículo, "en caso de que por ejemplo un chimpancé o un elefante no pudiera ser cedido a un centro colaborador como suelen ser zoológicos o centros privados, podrá ser entregado a un Centro de Experimentación e incluso sacrificarlo". Por lo tanto la organización considera que este Decreto "no protege a las especies en peligro de extinción" y "solo se usa el CITES en calidad económica, de contrabando, pero no como protección de especies en peligro de extinción".

Proyecto Gran Simio considera que el Decreto está  "permitiendo por normativa la posibilidad del sacrificio siendo claramente contrario a los objetivos claros de protección del Convenio CITES". "No es ético ni moral denunciar a personas por posible tráfico animal cuando por ley se permite el sacrificio o la entrega de animales a centros de experimentación si no encuentra un lugar adecuado para su depósito", asegura su director Ejecutivo, Pedro Pozas.

Además la organización ha pedido a la UE que "el CITES debe de estar encuadrado en algunas de las Direcciones Generales del Ministerio de Medio Ambiente al tratarse de especies que se encuentran en peligro de extinción" y que "no dependa del Ministerio de Economía" como ocurre en la actualidad. Para Proyecto Gran Simio es "un claro ejemplo" de que "el único interés de las intervenciones CITES es el económico y no el de la protección de todos los animales que se encuentren en situación crítica de extinción".

El Parlamento Europeo ha considerado que las cuestiones planteadas en la petición del Proyecto Gran Simio debería también remitirse al Intergrupo del Parlamento Europeo para el Bienestar y la Conservación de los Animales y ha enviado una carta a las autoridades españolas preguntando cuál es el tratamiento que siguen las especies decomisadas protegidas o en peligro de extinción.

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