Los inquilinos de pisos sociales de la Comunidad de Madrid no tendrán que pagar por el Impuesto de Bienes Inmuebles, que será asumido por el propietario de sus viviendas, en este caso la Comunidad de Madrid. El Consejo de Gobierno de regional acordó este martes solicitar a la Asamblea de Madrid la tramitación por urgencia del proyecto de ley que permitirá a los madrileños que residan en los pisos de la Agencia de Vivienda Social (el antiguo Ivima) quedar exentos del pago del IBI.

Esta decisión supondrá que la Comunidad de Madrid asumirá ese coste también en 2017, equivalente al 100% de la cuantía repercutida a esta vivienda, mediante el mecanismo establecido en el proyecto normativo, lo que supondrá un coste aproximado para la Administración regional de 6,5 millones de euros. De ellos, 4,5 millones corresponden al IBI de Madrid capital y casi 2 millones de euros al resto de municipios de la región.

El Consejo de Gobierno solicita, por tanto, que el Parlamento madrileño de luz verde por el procedimiento de urgencia al mecanismo compensatorio de la repercusión del IBI a los arrendatarios de las 23.000 viviendas de la Agencia, de forma que no tendrán que soportar la repercusión del impuesto.

El proyecto incluye la compensación que la Agencia de Vivienda Social realizará de este impuesto a cada uno de los arrendatarios de sus pisos, evitando así ahondar en las dificultades económicas que atraviesan muchas de estas personas. Según los cálculos del Gobierno regional, repercutir el IBI a los inquilinos supondría un incremento de entre un 22% y un 1.022% en las cuotas mensuales de sus rentas. «Esta ley es muy importante para miles de madrileños. Lo que hemos hecho ha sido adelantar el plazo de tramitación para que las personas que residan en viviendas de la Agencia de Vivienda Social no tengan que abonar el IBI, tal y como se comprometió la Comunidad», destacó ayer el portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido.

Este discurso no es nuevo. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, lo ha venido repitiendo desde el pasado mes de abril, cuando el diario El Mundo adelantó que el Gobierno regional sopesaba la posibilidad de cobrar con retraso cuatro años de IBI a más de 20.000 familias. «Mientras que yo sea presidenta de la Comunidad de Madrid los vecinos de las viviendas sociales no pagarán el IBI», afirmó entonces Cifuentes en una rueda de prensa. «Nosotros somos un gobierno social, lo somos de verdad y lo demostramos», añadió la presidente madrileña, que recordó que en otras CCAA, como en Andalucía,«si se está repercutiendo el IBI a más de 43.000 desde 2013».

El origen de la polémica está en la reforma de la Ley de Haciendas Locales que entró en vigor en 2009. La modificación de la norma obligaba a las viviendas protegidas a pagar el IBI, aunque ni la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, ni su sucesor, Ignacio González, repercutieron el impuesto debido a la situación de crisis económica que atravesaba la región. Pero tampoco asumieron el pago.

En cumplimiento de la legalidad, fue entonces cuando la Agencia de Vivienda Social acordó aprobar un acuerdo para repercutir el IBI en los inquilinos. Además, se exigiría el pago de los ejercicios que no hubieran prescrito, lo que implicaba el pago de los cuatro último años. Finalmente, el acuerdo no llegó a concretarse debido a que la Comunidad decidió asumir la cuantía del impuesto en 2016. El resto de años pendientes están a la espera de que se adopten las medidas necesarias para su abono, según aseguran fuentes del Gobierno regional.