Un total de 38.560 personas se benefició de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) en 2016, 1.031 más que en 2015, la mayoría de ellas mujeres (58 por ciento) de entre 25 y 45 años.

Así lo ha explicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien ha firmado un convenio de colaboración sobre esta materia con el Procurador del Común, Javier Amoedo.

Según los datos aportados por la consejera, en 2016 fueron 38.560 los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía, 1.000 más que en 2015.

La Renta contó con una dotación presupuestaria inicial en 2016 de 69 millones de euros, aunque con un crédito ampliable que ha supuesto que al final se haya destinado a la misma 76,5 millones de euros, 3,5 más que en 2015. Alicia García ha destacado el esfuerzo presupuestario en la RGC y ha recordado que en 2011 se destinaban 27 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 183 por ciento y ha permitido beneficiar, desde su puesta en marcha, a más de 66.000 castellanoleoneses.

La titular de Familia ha incidido en que la Renta Garantizada de Ciudadanía persigue no solo garantizar unos ingresos mínimos, sino también la inserción sociolaboral de las personas. En este sentido, ha explicado que 4.245 perceptores de esta prestación tuvieron trabajo en 2016 (3.080 en 2015) y, de ellos, 1.200 lo hicieron gracias a los planes de empleo de la Junta, especialmente el Plan de Empleo Local.

El perfil del perceptor de la RGC corresponde, mayoritariamente, a una mujer (58,09 por ciento frente al 41,9 por ciento de hombres), que vive en el medio urbano (62,5 por ciento), de entre 25 y 45 años (el 53,12 por ciento), con cargas familiares (en el 58,8 por ciento tiene familiares a su cargo frente al 41,1 por ciento de los casos en los que el titular es beneficiario único), en especial con hijos menores de edad y de nacionalidad española (el 12,03 por ciento eran extranjeros).

Por lo que se refiere a la cuantía, han recibido 536,67 euros de media, ha añadido Alicia García, quien ha recordado algunos rasgos característicos de la prestación, según el informe de Rentas Mínimas de Inserción. En el mismo se recoge que la cuantía mínima está por encima de la media (426 euros frente a 420), así como la máxima (692 frente a 664), y además se pone de manifiesto que en todas las comunidades autónomas, salvo Castilla y León, Asturias y Madrid, se conceden este tipo de prestaciones con límite de tiempo.

CONVENIO

García se ha expresado así tras la firma con Javier Amoedo de un convenio de colaboración para la coordinación de actuaciones en materia de la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía.

Alicia García ha asegurado que este convenio va a servir para seguir mejorando una prestación esencial como la Renta Garantizada de Ciudadanía, enmarcada en la Red de Protección.

El convenio responde al compromiso recogido en los acuerdos adoptados en el marco Diálogo Social, de 27 de enero de 2016 que derivan, a su vez, de la prioridad de la Junta de Castilla y León otorga a las políticas sociales que apoyan a las personas y familias que peor lo están pasando.

El objeto del acuerdo firmado entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el Procurador del Común es el establecer un marco jurídico de colaboración específica y de comunicación para coordinar las actuaciones en materia de prestaciones previstas en el ámbito de los Servicios Sociales integradas en la Red de Protección a las familias y personas de Castilla y León afectadas por la crisis.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se compromete a facilitar periódicamente al Procurador del Común datos referidos a la gestión de la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía, para lo que crea un canal directo de comunicación que permita recibir de forma anticipada las quejas y reclamaciones admitidas en la Procuraduría del Común, además del compromiso de reducir los plazos previstos para la contestación al Procurador (de un mes a 15 días).

Por su parte, el Procurador del Común se compromete a informar periódicamente a la Consejería de todo lo relativo a sus actuaciones en esta materia; facilitar la información que pueda recabar sobre la tramitación de expedientes sobre la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía; colaborar con la Consejería a la hora de considerar posibles modificaciones normativas y de la práctica administrativa con el fin de reforzar, en último término, la protección del ejercicio del derecho a la prestación, apoyar y colaborar con las iniciativas de carácter informativo o divulgativo.

Amoedo ha expresado la satisfacción por este acuerdo en referencia a la RGC, cuyas quejas bajaron de 52 a 36 (2015 a 2016) y que tuvieron motivaciones "muy reiteradas" como la demora en la tramitación de expedientes, la dificultad de los extranjeros a aportar documentación o un "excesivo rigor" a la hora de aplicar las causas de denegación o extinción de la prestación.

Asimismo, el Procurador ha aconsejado que cuando se produzca la extinción de la prestación por no cumplirse algún requisito se pueda volver a pedir en un plazo menor al contemplado actualmente, que es de seis meses, como pudiera ser un sólo mes.

Así, se pretende mejorar la comunicación para solucionar cualquier problema que surja, para lo que ambas instituciones contarán con una persona de referencia sobre RGC, de manera que se proporcione una contestación rápida.

"Es una atención especializada y única a las quejas y reclamaciones", ha señalado Alicia García, quien ha agregado que se trata de mejorar la prestación de este derecho subjetivo, su seguimiento y control y todo ello con el objetivo de que todo el que tenga una situación complicada pueda hacer frente a sus necesidades básicas y todo el que tenga derecho a la RGC pueda acceder a ella.

COMPROMISOS DE MEJORA

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recordado que en entre los acuerdos del Diálogo Social se alcanzó el compromiso de ampliar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección.

Para ello, en abril de 2016, se aprobó el Decreto-Ley de medidas extraordinarias para reforzar la Red de Protección referidas a las prestaciones económicas para necesidades de subsistencia que integran la Red de Protección que, en diciembre, se convirtió en Ley con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios.

Esto hace posible la flexibilización, ampliación y compatibilización de las principales prestaciones y garantiza las necesidades básicas de subsistencia de familias sin especiales necesidades de inclusión social empobrecidas por la situación económica así como de las personas que, recibiendo prestaciones sociales por una actividad laboral, obtienen ingresos insuficientes para atender esas necesidades.

Alicia García ha recordado que se han incorporado medidas planteadas por el Procurador del Común para felxibilizar el reconocimiento de las prestaciones y ayudas de la Red de Protección para garantizar las necesidades básicas de subsistencia. Los acuerdos también recogían el compromiso de mejorar el seguimiento y control de la actuación administrativa en materia de Renta Garantizada de Ciudadanía, motivo de este convenio.