El Ejecutivo de Aragón dio de plazo al consistorio hasta el pasado lunes, 23 de enero, para que aportase esta documentación. El Gobierno local de Zaragoza en Común (ZEC) ya dejó claro que consideraba este impuesto "injusto" al suponer una doble imposición por la depuración del agua de la ciudad.

"Al Ayuntamiento de Zaragoza le dimos un plazo, hasta el 23 de enero, para que nos aportara lo que entendemos que es su obligación", ha señalado Olona en referencia a estos datos este martes, en declaraciones a los medios de comunicación en el Edificio Pignatelli de Zaragoza. Además, ha precisado que el resto de municipios de la Comunidad ya han entregado la documentación.

Al no aportar la información, ha apuntado que el Ayuntamiento podría estar incurriendo en una infracción tributaria. "Desde el Gobierno de Aragón tomaremos las medidas que nos obliga a tomar la normativa de aplicación, esto no es una cuestión política, es de cumplimiento de la ley de aguas y ríos de Aragón y de la normativa que desarrolla la aplicación del ICA".

Ha incidido en que con el Ayuntamiento hay "una excelente relación y entendimiento" a nivel técnico y que confía en que el consistorio no quiere incurrir en ninguna infracción. Pero, por su parte, ha explicado que la Consejería estará a lo que sus servicios jurídicos establezcan.