En su resolución, el departamento dirigido por Jesús Maetzu señala que, sin perjuicio de su actuación, dará traslado de las actuaciones a la Defensoría del Pueblo de las Cortes Generales por si procede la intervención de dicho organismo ante las eventuales "irregularidades detectadas" en instancias estatales en relación a la desaladora, afectada en la investigación abierta por la Audiencia Nacional en el 'caso Acuamed'.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta la actuación de oficio en marzo de 2016 para conocer las razones por las que se ubicó la desaladora del Bajo Almanzora en un lugar donde, al parecer, "existía un elevado riesgo de inundaciones".

En este sentido, y tras solicitar informe a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, la oficina del Defensor señala que los daños se produjeron debido a que la rambla de Canalejas, cuyo encauzamiento ejecutó Acuamed, según precisa, "no estaba correctamente encauzado" por lo que "se desbordó en la confluencia con el Almanzora".

Asimismo, se remite a otros informes emitidos por la Agencia Andaluza del Agua en los que figura que las obras de la desaladora no afectarían al encauzamiento del río Almanzora ni la rambla Canalejas al tiempo que, detalla, que la concesionaria de los trabajos es la "responsable de cuantos daños puedan ocasionarse".

"A la vista de ello, no observamos que se hubiera incurrido en responsabilidad por la concesión de terrenos para la construcción de la nueva desaladora del Bajo Almanzora por parte de la Agencia Andaluza del Agua, dado que las obras proyectadas no afectaban al encauzamiento del río Almanzora ni a su afluente y se había dejado constancia en el condicionado de la concesión de la no asunción de responsabilidades que se pudieran originar por los daños causados por las avenidas", apunta el defensor.