El equipo del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, propondrá en el Congreso de Vistalegre II limitar el mandato de todos los cargos públicos y cargos internos del partido de manera que sólo puedan desempeñarse durante ocho años, ampliables "excepcionalmente a un máximo de 12 años".

Este domingo, los partidarios del secretario Político, Íñigo Errejón, apostaron por limitar el mandato del secretario general a seis años, si bien matizaron que no tendría efectos retroactivos para el actual líder del partido.

La propuesta del equipo de Iglesias consta en la propuesta de "Documento ético" que ha presentado su candidatura, 'Podemos para todas', que apuesta también por que los cargos del partido se comprometan incluso a dejar sus actas si así lo deciden los inscritos en una consulta revocatoria, en línea con el compromiso, que tendrían que adoptar todos los cargos de Podemos, de alentar la participación democrática directa.

Así, cualquier pacto previo o posterior a unas elecciones con otras fuerzas políticas tendrá que someterse a una consulta abierta a todos los inscritos en su ámbito geográfico. El documento propone excluir expresamente cualquier posibilidad de financiación bancaria. Los cargos, según esta propuesta, se comprometerán a impulsar el laicismo, promoviendo "un sistema democrático fundado en la libertad de conciencia".

DEJAR EL CARGO SI SON INVESTIGADOS

Iglesias quiere que sus cargos dejen sus puestos, ya sean públicos u orgánicos, o las candidaturas de las que formen parte, en caso de ser "investigados, procesados o condenados" por una serie de delitos y faltas que serán enumerados por la Comisión de Garantías, pero que incluirá en cualquier caso los delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los ecológicos y los urbanísticos.

En cuanto a la acumulación de cargos, habla de "limitación para el ejercicio de más de una función pública o más de un cargo interno, salvo aquellas funciones vinculadas a su condición de cargo institucional u orgánico o responsabilidades locales sin retribución".

Iglesias propone que todos los miembros de Podemos acepten la limitación salarial genérica de tres salarios mínimos interprofesionales, y la limitación que se establezca para cada nivel de responsabilidad, sin que pueda superarse en ningún caso el nivel del grupo funcionarial o laboral para el que estén capacitados, en función del título que se exija para acceder a cada administración.

De este modo, en las Administraciones y las empresas públicas, tendrán que renunciar a recibir un salario superior al recogido en el convenio colectivo o en el régimen retributivo, sin percibir complementos ni otros conceptos.

Si sale adelante esta propuesta, también deberán renunciar a cobrar por pertenecer a consejos de administración de entes públicos y a cualquier plan o fondo de pensiones contratados por la Administración, al margen de aquellos a los que tengan derecho los empleados públicos, así como a "cualquier beneficio fiscal" derivado de su cargo.

CONTRA LAS PUERTAS GIRATORIAS

Para impedir que sus cargos incurran en prácticas de 'puertas giratorias' entre la Administración y la empresa privada, propone la imposibilidad de acceder a empresas privadas cuyas actividades "tengan o hayan tenido conexión de intereses con sus tareas como representante".

Además, les prohíbe expresamente, durante 10 años, ejercer cargos ejecutivos en empresas vinculadas a las responsabilidades que hayan ejercido y "nunca" ser miembros de consejos de administración de empresas de sectores estratégicos o de relevancia económica nacional.

Con la propuesta de Iglesias, los cargos de Podemos no podrán recibir ninguna remuneración ni cesantía de ningún tipo una vez finalizada su designación en el cargo. Quienes fueran empleados públicos, volverán al último puesto del que fueran titulares definitivos o a otro equivalente; quienes no, "cobrarán la prestación por desempleo que les corresponda".

Por otro lado, deberán renunciar a cualquier privilegio jurídico o material, desde los aforamientos hasta los coches oficiales. Sólo lo tendrán de carácter permanente quienes así lo necesiten en opinión de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los coches oficiales, añade el texto, sólo se usarán cuando sea imprescindible para el servicio público y "en ningún caso para desplazamientos al domicilio propio o familiar" o para otros usos no vinculados al servicio público. En lo posible, añade, los cargos de Podemos deberán dar empleo usando medios de transporte "colectivo" o "respetuosos con el medio ambiente".

Deben comprometerse también a no recibir cobros en especie, y en especial ninguna ayuda al alquiler cuando dispongan de residencia continuada -comprada o alquilada-en la localidad donde ejercen su función pública. No deben realizar gastos superfluos de fondos públicos y sí moderar los costes de transporte y alojamiento.

Y, además de respetar el deber de abstención previsto en la ley, deben evitar la contratación pública con empresas en que él o sus familiares puedan tener interés económico y adoptar decisiones u optar a cargos en función de intereses personales, económicos o políticos ajenos.

PRIMARIAS PARA TODOS LOS CANDIDATOS

En línea con el fomento de la participación directa, apuesta por elegir en primarias abiertas a los ciudadanos a los candidatos a cualquier institución de representación. Las listas se corregirán después con criterios de género siempre que esa corrección no reduzca la representación femenina.

Ningún cargo electo podrá formar parte de Podemos si no ha sido elegido en primarias y tendrán restringido el derecho a ser elegidos quienes estén afiliados a otras organizaciones políticas.

El documento habla de "tolerancia cero ante cualquier comentario machista, homófobo o xenófobo" y de promover la participación de las mujeres en el partido "atendiendo las necesidades de conciliación de cada persona".

El equipo de Iglesias quiere que todos se comprometan a desempeñar sus funciones con moralidad, transparencia, sencillez y eficacia en la gestión. También a "democratizar el ejercicio de sus funciones y dar un trato humano digno a la ciudadanía", escuchando a quienes lo soliciten.

Por último, los titulares de cargos públicos deberán impulsar "la participación del personal en el desempeño de su misión", fomentando la asunción de responsabilidades y el reconocimiento público del personal a su cargo.

También a evaluar de forma objetiva su desempeño, a combatir la discriminación y cualquier acoso, a promover una cultura de mejora de la gestión pública y a crear una cultura administrativa de transparencia, además de velar por el respeto de los derechos laborales y a denunciar las ilegalidades.