Al respecto, los inspectores han ratificado el relato inicial de la Fiscalía sobre la calificación de los hechos y uno de ellos ha remarcado que "la problemática hay que verla en conjunto", todo ello tras apuntar el Ministerio Público a "la principal anomalía" basada, a su juicio, "en la multitud de operaciones" en este caso.

Mientras, el juez ha destacado la validez de los inspectores para declarar como peritos, tras la consideración a tal efecto en la fase de instrucción, después de que las defensas han solicitado una protesta por que declaren con tal condición, algo que creen que "no pueden hacer porque sus informes no han sido tenidos en cuenta por la acusación". Si bien, el fiscal y la abogada del Estado han defendido que sí han sido tenidos en cuenta y ven "improcedente" la protesta.

Previamente, un catedrático emérito de derecho financiero y tributario y su colaboradora han explicado que elaboraron un informe en abril de 2007, en el que "el consejo de administración no intervino" y que contó con "respuesta positiva", en cuanto a que las sociedades analizadas estaban sometidas al régimen de sociedad patrimonial.

También, han agregado que "no había ninguna salvedad sobre las sociedades", excepto "algún desajuste de cantidad pequeña, que no llegaba a los 2.000 euros"; que no le constaba que tuviera algún local, ni persona empleada, y que había habido "una desavenencia interpretativa sobre el régimen en el que tributar", así como "dudas de rendimiento de ganancias patrimoniales".

Por otra parte, un ingeniero agrónomo, que trabajó en la finca 'La Porrada' de 2001 a 2008, ha señalado que "se realizaron gastos importantes" para la mejora de la finca, de cara a tener un coto de caza con "una relevancia del mayor nivel", y cree que en 2008 "se alcanzaron los objetivos que se perseguían".

Cabe señalar que las declaraciones de los peritos, en este caso conjuntas, tanto por inspectores de Hacienda, como un abogado, un auditor y un catedrático emérito de derecho tributario, prevén continuar este martes en el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba.

LE PIDEN MÁS DE 40 AÑOS DE CÁRCEL

En concreto, el empresario se enfrenta a penas que suman 44 años de prisión, por la supuesta comisión de once delitos contra la Hacienda Pública, tras el presunto impago de unos 60 millones de euros en impuestos durante unos cuatro años, supuestamente por él y sus cuatro hijos.

En relación a las palabras de Rafael Gómez, este manifestó ante el juez que no sabe de temas de contabilidad y que en sus empresas firmaba lo que le ponían por delante los asesores y trabajadores de la oficina, al tiempo que ha apostillado que no sabe qué es el IRPF.

Tras esgrimir que no tiene "ningún estudio", ha mantenido que "en ningún momento" se reunió el consejo de administración de las sociedades, ni celebró alguna reunión familiar para abordar las cuentas de sus empresas, así como que "en ningún momento" se metió en temas de contabilidad, porque "no entiendo", han sido sus palabras.

De igual modo, ha detallado que llevaba una empresa de joyería y por "las circunstancias" del momento impulsaron empresas constructoras, con las que hicieron "grandes proyectos", porque, ha agregado, "yo veía las cosas claras", al tiempo que los hijos le "ayudaron", según ha relatado Gómez, quien ha apuntado que sus hijos "no saben ni se han ocupado" de los temas de contabilidad.

También, ha explicado que "nunca" han repartido beneficios, sino que se dedicaban a que "la empresa creciese, crease el mayor número de empleos y que fuese bien", ha indicado el empresario, quien ha valorado que han hecho "cosas maravillosas para las personas de este mundo", a través de la construcción.

En relación a los hijos, han declarado que desconocían los temas de contabilidad, porque hacían "lo que los profesionales decían", de modo que confiaban en dichos profesionales que les ponían papeles por delante para firmar, al tiempo que han destacado que el nivel de vida era "normal", con sus casas con hipoteca, entre otros aspectos que han detallado. La madre fue llamada por el juez, ante la responsabilidad civil que pudiera tener, por "haber disfrutado de beneficios", precisó el magistrado, aunque no declaró al ratificarse en su testimonio de fase de instrucción.

ABORDAR TEMAS DE TESORERÍA

Mientras, el director financiero del grupo de empresas, en la entidad desde 1994, ha dicho ante el juez que el empresario y sus hijos "no se preocupaban" de asuntos contables, ni intervinieron en el departamento de contabilidad, a lo que ha añadido que "nunca" se reunía el consejo de administración y si celebró alguna reunión con Gómez era para abordar algún tema de tesorería.

El jefe de contabilidad ha subrayado que "nunca" recibió órdenes referidas a la contabilidad por parte de Gómez, ni sus hijos, y cuando tenía dudas se dirigía a los asesores externos, en un momento de "un nivel de financiación elevado", según ha señalado, para remarcar que él y el director financiero fueron quienes eligieron a las auditoras.

Asimismo, uno de los asesores fiscales externos, que ha trabajado con Gómez durante 30 años, ha mantenido que "nunca" ha recibido instrucciones de los acusados sobre declaraciones de impuestos, en las que "no había habido ocultación alguna", según ha detallado, a la vez que ha manifestado que la declaración del Impuesto de Patrimonio del año 2004 no la presentó porque "el programa informático impedía imprimirlo", al no estar "dentro de los límites" para presentarlo.

Como se recordará, en el auto de apertura de juicio se recogen los once delitos contra la Hacienda Pública que se atribuyen a Gómez por parte del Ministerio Público y la Abogacía del Estado, de tal forma que el fiscal solicita 44 años de prisión para el empresario por supuestamente defraudar 58,3 millones de euros con supuesto impago de impuestos a través de cuatro empresas.

Igualmente, la Fiscalía acusa a sus cuatro hijos por ocho delitos fiscales, pidiendo para cada uno penas que suman 22 años de cárcel. Además, el Ministerio Público pide una multa para Gómez que podría llegar a 350 millones de euros. La actuación se inició por diferentes denuncias de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y un decreto de la Fiscalía Provincial de junio de 2009.

Los delitos supuestamente se cometieron entre los años 2003 y 2006 a través de las cuatro empresas Arenal 2000, Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF). Las cantidades presuntamente defraudadas en cada uno de los 11 casos por los que se le acusa irían desde 690.000 euros a 25,5 millones, sumando en total 58.388.000 euros.

Como resultado de los impagos, se ordenó el embargo preventivo de propiedades de la familia, entre ellas la sede de Arenal 2000, junto a las naves que construyó sin licencia en 2005 en Córdoba y que le han supuesto una multa de 20 millones de euros a Gómez, quien fue condenado en el caso 'Malaya' por delito de cohecho activo y se le impuso la pena de seis meses de prisión, sustituida por multa de 3.600 euros, y una multa de 150.000 euros, en este caso con la fijación de un calendario de pago.