Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que entre los citados a declarar el próximo 14 de febrero por el juez después de que aceptara la petición efectuada por la acusación particular ejercida por Amigos de La Alcazaba y la Fiscalía figuran vigilantes de seguridad, operarios y responsables de la empresa responsable de montar los andamios.

Cabe recordar que Amigos de La Alcazaba presentó una denuncia ante la Fiscalía por este caso, de forma que el Ministerio Público interesó posteriormente a la apertura de diligencias la declaración de causa compleja, así como que se citara a los responsables de la empresa de andamios en calidad de investigados.

De manera paralela, también se solicitó que se librara oficio a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte para que designara a un técnico que elaborara un informe sobre los daños causados al Bien de Interés Cultural (BIC) para proceder a la valoración del importe de los daños así como el coste de su reparación.

En este sentido, el juez habría solicitado ya a la Consejería de Cultura la remisión de un informe de valoración sobre la actuación a seguir para reparar los daños causados en el muro del tercer recinto. Cabe recordar que el Gobierno andaluz aseguró que reparación había supuesto un coste de unos 150 euros, aunque los presupuestos manejados por la asociación Amigos de La Alcazaba elevan la cifra de la restauración hasta, al menos, los 3.112 euros.

En su denuncia, el Ministerio Público pidió la incoación del oportuno procedimiento penal para comprobar los hechos narrados por Amigos de La Alcazaba y la Junta de Andalucía y, a su vez, la práctica de pesquisas para evaluar los daños y el coste de reparación que tuvieron los mismos.

El fiscal apuntaba en su denuncia que los perjuicios ocasionados al principal monumento de la capital podrían ser constitutivos podrían ser constitutivos de un delito de daños al patrimonio histórico "bien en su modalidad dolosa", según el artículo 332 del Código Penal, "o cuanto menos, en su modalidad de imprudente", a partir del artículo 334 del Código Penal, que estiman penas de prisión de seis meses a dos años.